Un paciente psiquiátrico declarado incapaz está mezclado con presos comunes

Un extraño pase del hospital a la cárcel

Una mujer denunció que, sin orden judicial, trasladaron a su hijo del Suipacha a un pabellón ordinario de Coronda

Una mujer denunció a la comisaría 32ª por trasladar en forma irregular y sin orden judicial a su hijo de 28 años, que estaba detenido y bajo tratamiento en el Centro de Salud Mental Agudo Avila, conocido como Suipacha, hacia la cárcel de Coronda, donde quedó recluido con presos comunes "en el pabellón de mala conducta". La medida implicó la drástica suspensión del tratamiento al que estaba sometido el joven, que sufre de psicosis delirante y tiene conductas suicidas.

Graciela Noemí Baldón es paciente de los consultorios externos de la calle Suipacha 667, donde también se atiende su hijo Cristian Alejandro Godoy, de 28 años. El muchacho padece una psicosis de origen traumático desde hace siete años, lo que a menudo requiere su internación en el psiquiátrico. A causa de su enfermedad, el muchacho está a cargo de su madre, que es peluquera, vende artesanías a domicilio y percibe un plan de empleo.

Situaciones de este tipo ya tuvieron desenlaces trágicos. El 8 de octubre pasado un muchacho psicótico de 27 años fue asesinado por otro interno en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda. Se llamaba Víctor Loza y había sido trasladado desde la colonia de Oliveros. Fue declarado inimputable en varias causas originadas por sus conductas violentas y de la colonia habían pedido su retiro porque no lo podían contener. Lo de Godoy expresa, en un punto, algo semejante en cuanto a la incapacidad del Estado santafesino para resguardar a pacientes psiquiátricos que entraron en conflicto con la ley.


Problema vecinal y legal
Noemí vive con su hijo y una nieta de ocho años en una casa de pasillo de Campbell al 2800 donde, asegura, sufre el acoso de una familia que usurpó dos viviendas linderas. A menudo esos roces derivaron en denuncias que ella misma presentó en la seccional 19ª, la que corresponde a su barrio.

El 28 de noviembre pasado, un sumariante de la seccional 32ª, del barrio Godoy, llegó a su casa para realizar un allanamiento y encontró, en un rincón del patio, un monedero que sus vecinos habían denunciado como robado. Ella sostiene que sus vecinos lo arrojaron allí para involucrarla. De cualquier manera, no pudo evitar que a ella y a su hijo los llevaran detenidos y los ficharan acusados él de robo y ella de lesionar a una vecina adolecente.

El caso quedó en el juzgado de Instrucción Carina Lurati, quien a raíz de los antecedentes psiquiátricos del joven y en función de que está declarado incapaz, dispuso su internación en el Agudo Avila y solicitó a los profesionales que hicieran un diagnóstico para saber si el muchacho es inimputable.

Desde el hospital, según informó la abogada de ese centro asistencial, Mercedes Sentis, manifestaron al juzgado que la presencia de un policía las 24 horas dentro del neuropsiquiátrico -que es de puertas abiertas- no era lo más beneficioso para los pacientes. Además, el joven detenido estaba esposado y eso atentaba contra su tratamiento. Como el muchacho tenía un antecedente, la causa pasó luego a Instrucción Nº 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara, donde se comprometieron a reconsiderar el tema.

Así las cosas, el viernes 4 de diciembre a la madrugada una comitiva de la comisaría 32ª llegó al hospital buscando al preso para trasladarlo a Coronda. "Los policías de la comisaría 32ª no dejaron la orden para externarlo del hospital", señaló la letrada. Preocupados por el destino del paciente, desde el hospital preguntaron en tribunales quien había dispuesto el traslado. En el juzgado lo ignoraban ya que el manejo de presos, dijeron allí, depende directamente de la Alcaidía de Jefatura. Precisamente desde ese lugar, según informaron luego los titulares de la 32ª al hospital, había salido la orden del traslado.

Lo cierto es que ese movimiento vulneró el tratamiento médico que estaba realizando el muchacho. Cristian está inhabilitado para administrar sus bienes y presenta una disminución moderada de sus facultades mentales, según el dictamen del tribunal colegiado de familia Nº 3. Pese a ello, estuvo cinco días en el penal modelo de la provincia y quedó en libertad el 9 de diciembre. "Lo golpearon. Volvió en condiciones inexplicables. Parecía un viejito. Temblaba y quedó muy asustado con la policía", dijo Noemí.

Por la irregularidad policial que obligó al personal médico a suspender el tratamiento (hoy el joven está nuevamente internado), la madre del joven se acercó a la Defensoría del Pueblo para exponer el caso y lo denunció en el juzgado de Instrucción Nº 2.

Noemí Baldón denunció a personal de la 32º.