Menem volverá a verle la cara al juez que lo encarceló

El ex presidente Carlos Menem deberá volver en febrero próximo a los tribunales para dar explicaciones sobre supuestas irregularidades en la construcción de las cárceles de las localidades bonaerenses de Ezeiza y Marcos Paz.

Menem será indagado el 27 de febrero como imputado por "administración fraudulenta" en el despacho de Jorge Urso, el juez federal que lo encarceló en junio del 2001 por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. En esta ocasión, el ex presidente no correrá riesgo de quedar preso, debido a que el delito por el que está sospechado es excarcelable.

Para Urso existe un "estado de sospecha" suficiente para indagar a Menem, según aseguró en la resolución donde citó al ex presidente en base a un pedido de los fiscales federales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán.

"Los elementos probatorios que constan en el expediente contribuyen a la convicción de que Menem debe ser indagado", consideró Urso, quien además volvió a investigar su patrimonio. Para ello pidió informes a la sucursal La Rioja del Banco Nación.

Menem será interrogado en dos causas que se tramitan por separado, donde se investigan irregularidades en la construcción de los penales de Marcos Paz (a cargo de la empresa Dycasa) y de Ezeiza, edificado por Techint.

Urso ya indagó a los responsables de las firmas constructoras y otros ex funcionarios menemistas que gozan por el momento de falta de mérito, es decir, sin pruebas suficientes para ser procesados o desvinculados de la causa.

Los involucrados son el ex jefe de gabinete menemista Jorge Rodríguez; el entonces ministro de Defensa, Jorge Domínguez, el ex director de Asuntos Penitenciarios, Horacio Aparicio y el ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Carlos Rubén Verón.

Según constancias del expediente, las obras se realizaron con materiales de menor calidad a los pactados y con "diferencias sustanciales" entre lo acordado (en cuanto a forma de pago y financiación) y lo efectivamente cumplido.

Eso llevó a los investigadores a extender la pesquisa a los patrimonios de los ex funcionarios y de los empresarios para determinar si existió un incremento en sus bienes basado en el "producido económico de este delito puntual", consideró el juez.

La causa se abrió en el 2000 por una denuncia anónima recibida en las fiscalías federales y que al ser enviada a sorteo recayó en el juzgado de Urso.

Poco después la ex secretaria de Política Penitenciaria de la Alianza, Patricia Bullrich, revisó los pliegos de licitación y efectuó una nueva denuncia que se acumuló a la anterior.