Una secuencia impactante de delitos presuntos en la comisaría 11ª

Un comisario ascendido este año fue procesado por apremios ilegales

Junto a otros dos policías, Francisco Gambacurta irá a juicio por detener ilegalmente y castigar a un joven con ungarrote para arrancarle la confesión de un robo. En enero, pese a estar denunciado, fue promovido a inspector

María Laura Cicerchia / La Capital

El ex jefe de la comisaría 11ª y ascendido a comisario inspector Francisco Gambacurta fue procesado junto con dos policías de esa repartición por detener ilegalmente, dejar incomunicado y castigar a golpes de garrote a un vecino a fin de que confesara su participación en un robo a la casa de un matrimonio de ancianos. El juez consideró acreditado que los golpes que recibió el detenido con un elemento similar a un bate de béisbol ocurrieron mientras estuvo preso y no luego de su liberación. Pero además encontró innumerables irregularidades en el registro policial del procedimiento, falta de garantías en los interrogatorios formulados al acusado y el incumplimiento de directivas judiciales. Esto lo llevó a concluir dos cosas: que el arresto de la víctima no tuvo otro fin que el de arrancarle una confesión y que su detención no estaba justificada.

Gambacurta es el titular del Centro Regional de Armas (Crear) de la policía de Rosario. Fue ascendido por el gobierno provincial el 30 de enero de este año pese a que era público que tenía una causa penal abierta por apremios ilegales y denuncias por lo mismo en el pasado (ver aparte).

Los procesamientos fueron dispuestos por el juez de Instrucción Nº 4, Jorge Eldo Juárez, quien no sólo se detuvo a analizar la cuestión de los apremios denunciados sino que puso bajo la lupa el procedimiento policial. En esa revisión encontró irregularidades de principio a fin: superposición de números en el libro de guardia, incongruencia entre ese registro y las actuaciones que le iniciaron al detenido y violación de las garantías del acusado, a quien tuvieron incomunicado en forma indebida.

La medida fue dispuesta contra el entonces jefe de la seccional de Lamadrid 272 bis, Francisco Gambacurta, el sumariante Gerardo Fabián Ramírez y el policía Alfredo José Agati, que hacía tareas de calle. Los acusan de someter a apremios ilegales (con pena de 1 a 5 años de prisión) y privado en forma ilegítima de la libertad (6 meses a 3 años) al comerciante Mariano Garrido, de 32 años, el 12 de noviembre de 2002 a las 18.

Garrido trabaja en una fábrica familiar de productos cosméticos. Ese día se encontraba en un quiosco de Ayacucho entre Avenida del Rosario y Presidente Quintana cuando llegó un policía en su camioneta particular. Ese agente era Agati, quien conocía a Garrido del barrio y lo llevó a la comisaría. Una vez allí lo tuvieron detenido en un pasillo junto con otros demorados y pasó alternativamente por el despacho del jefe y la oficina de sumarios.

"Me obligaron a desnudarme dos veces. Me golpearon con un garrote blanco de goma dura, trompadas y cachetadas para que me hiciera cargo de un robo", relató Garrido cuando se presentó en Tribunales, un día después, a denunciar la golpiza.

El médico forense que lo revisó entonces encontró marcas en su espalda similares a las que dejaría un golpe con una caña o baritón de superficie rugosa. También constató que las lesiones llevaban una evolución de 15 horas. Así, con un simple cálculo numérico, el juez determinó que Garrido había recibido la golpiza a las 20 del día anterior. Y en ese momento, según los registros policiales, todavía se encontraba dentro de la seccional. Esa constatación se vio reforzada cuando la víctima reconoció a los tres uniformados en ruedas judiciales.

A Garrido lo habían apresado por un robo cometido días antes en la casa de un matrimonio mayor. Según el relato de los imputados, llegaron a él luego de que la hija de las víctimas aportara los sobrenombres de los hombres que, según vecinos temerosos de declarar, habían salido de su casa con 20 mil dólares luego de hacerle un cuento del tío a sus padres. Uno de los mencionados llevaba el seudónimo de Manga, con el cual es conocido Garrido.

El hombre encargado de detenerlo, Agati, adujo que fue él mismo al lugar y recibió la misma indicación de los vecinos, a quienes no identificó porque todos temían recibir represalias. En ese proceder, el juez Juárez encontró una grave irregularidad a la que se le sumó una lista de sugestivos errores policiales:

* Agati incurrió en un presunto incumplimiento de sus funciones: su obligación era identificar a los vecinos. Para el juez, es probable que esos vecinos no existan y sólo se trate de un invento para justificar la detención. Además, la hija del matrimonio asaltado negó haber brindado datos sobre los ladrones.

* Se demoró la revisación de Garrido por parte del médico de policía. El profesional lo examinó a las 21.30 y no encontró rastros de lesiones. Ahora el juez lo citó a declarar. El horario de revisación por el médico forense aparece enmendado en el registro. Parece haberse anotado primero 20.30 y luego dibujado un 1 detrás del primero cero.

* Se registró el ingreso de Garrido en averiguación de posible captura pero se lo interrogó por un robo. Se lo trasladó en un vehículo particular pero se asentó el uso del un móvil.

* Su liberación quedó asentada en la oficina de sumarios, de fácil adulteración. Cuando debió registrarse en el libro memorándum, que se sigue en tiempo real. No hay ninguna firma de Garrido en las actuaciones de prevención ni en el libro de guardia.

* A las 21.30 en la seccional ya sabían que Garrido no tenía captura, lo había examinado el médico policial y había una orden judicial de liberarlo. Es inexplicable que lo largaran recién a las 0.30.

* Era un caso para citar al imputado, no para detenerlo. No correspondía incomunicarlo sino darle acceso a un llamado. Se lo interrogó tres veces sin informarle de su derecho a un abogado ni respetar sus garantías. El único fin del traslado, para Juárez, fue el sacarle una confesión.

Gambacutra es jefe del Centro Regional de Armas de Rosario.