Cae la norma que rigió durante el grueso de la administración Reutemann

Con el año, se va la emergencia provincial

Si bien los recortes más duros a los sueldos fueron eliminados en julio, se liberan ahora adicionales y ascensos

La ley de emergencia económica y previsional que rigió desde 1999 en la provincia quedará definitivamente en el olvido a partir de mañana, cuando expire el plazo de la última prórroga dispuesta en 2002.

Como parte de la negociación salarial con los gremios de la administración pública, el gobernador Jorge Obeid confirmó ayer la decisión, comunicada antes de asumir, de no prorrogar la ley que se aprobó en el último tramo de su anterior gobierno y acompañó toda la gestión de Carlos Reutemann.

O casi toda, ya que en julio pasado el Lole derogó los artículos que instrumentaban la emergencia previsional, que fueron los que generaron durante cuatro años el grueso del ahorro de 60 millones de pesos que se pretendió generar con la norma. En rigor, el ajuste fue algo menor por el efecto de diversos juicios generados contra la iniciativa aprobada en una tormentosa sesión de septiembre del 99.

Con la derogación de julio, los empleados públicos afectados por el recorte, los que ganan más de 700 pesos, y los jubilados del Estado provincial con haberes superiores a los 500 pesos, ya habían recuperado esa suma junto a una compensación que se otorgó a los trabajadores que no superaban esas sumas. Los descuentos eran de 2,5% a 5% para activos y de 3,5 a 14,5 para los pasivos, destinados a paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El final de la emergencia económica para el resto de los capítulos, tiene un efecto difícil de dimensionar, tanto más cuanto el Ministerio de Hacienda se llamó a silencio y el gobernador Obeid se excusó de dar mayores detalles. De todos modos, en lo que refiere al impacto en los sueldos de empleados públicos, los gremios estiman que será menor al de la caída de los recortes suprimidos hace casi seis meses.

En el capítulo laboral, el fin de la ley implica que se descongela la estructura escalafonaria de la plantilla de empleados de la administración pública. En lo inmediato, esto significa que volverán premios y adicionales, como la antigüedad. El peso de este ítem es variable según los distintos estamentos. En el caso de los docentes, por ejemplo, este índice es de un 10% cada dos años, mientras que en administración central es del 2%. La recomposición que implica este rubro está también en discusión ya que algunos gremios reclaman una actualización por la antigüedad no percibida en los años de emergencia, amén de la posibilidad de iniciar juicio que se abre, en principio, al respecto.

Pero la liberación de la movilidad laboral en los empleados públicos impulsa otro abanico de posibilidades en el sector, como la restitución de ascensos automáticos en las categorías y/o gremios que lo contemplan, nuevos concursos de promoción y el pago de otros adicionales (por ejemplo por la permanencia en el cargo para empleados de mayor categoría en la administración central) y algunos premios. La norma prohibía, además, los aumentos salariales que no contaran con previsión presupuestaria

La emergencia económica, herramienta fundamental del último gobierno de Carlos Reutemann, también contemplaba un amplio capítulo de protecciones al Estado provincial frente a situación que iban más allá de los salarial.

Básicamente, autorizó al Ejecutivo a reprogramar contratos de obra pública y provisión de bienes y servicios sin pagar indemnización, postergar el pago de sentencias judiciales previsionales y declaró inembargables los bienes del Estado.

Los arreglos que se fueron haciendo en el marco de la emergencia y en función del cambio drástico de panorama macroeconómico en los últimos años, impiden cuantificar un efecto inmediato de la caída de la norma en estos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a los contratos de obras públicas la situación se fue normalizando a partir del índice de actualización fijado durante la administración de Miguel Asensio en Hacienda. En cuanto a la inembargabilidad de los bienes, quedó a salvo a partir de una ley aprobada el año pasado por la Legislatura, con lo cual no sería afectada por la caída de la emergencia.

La ley de emergencia económica y previsional fue sancionada en septiembre de 1999, en medio de una turbulenta sesión, con manifestaciones en la puerta de la Legislatura y sugestivos cortes de luz en el recinto. Si bien fue aprobada durante el gobierno de Obeid, en rigor fue Reutemann el que metió presión para sancionarla y la convirtió en uno de los ejes de su política económica. A tal punto que en 2001 hizo uso de la prórroga que la propia ley contemplaba, y volvió a impulsar otra prórroga en 2002. El cambio en el panorama económico permitió que meses antes de irse derogara los aspectos más antipáticos de esa herramienta de ajuste. El gobernador actual tuvo así el raro de privilegio de darle la bienvenida y decirle adiós a una norma que casi no utilizó.

"Ante numerosas consultas recibidas", la Defensoría del Pueblo aclaró ayer que a partir del 1º de enero queda si efecto la aplicación de la ley 11.696.

Obeid no quiso hablar de la herencia recibida.