Las muertes de 2001. La militante social de V. G . Gálvez (segunda nota)

Tres policías imputados y detenidos por el homicidio de Graciela Acosta

Una pericia de armas apunta a un sargento como el que gatilló. Dos oficiales también están complicados.

Tres policías fueron detenidos ayer e imputados de homicidio en la investigación de una de las siete muertes de civiles del diciembre trágico en el departamento Rosario. Se trata del caso de Graciela Acosta, la mujer de 35 años que murió baleada frente a un supermercado de Villa Gobernador Gálvez durante la convulsionada jornada del 19 de diciembre de 2001. La orden fue impartida por el juez de Instrucción Nº 13, Osvaldo Barbero, quien recibió por la mañana los resultados de unas pericias balísticas. Esa pericia, según fuentes de la causa, determina en forma inequívoca que una de las balas que produjo la muerte de Acosta salió del arma reglamentaria de un sargento de la comisaría 29ª. Por lo que el juez recomendó la detención de ese suboficial y de dos oficiales: los que por entonces estaban a cargo de la seccional y de la inspección de esa zona.

Los detenidos son el comisario inspector Ignacio Siffredi, el comisario principal Julio José Abraham y un sargento de apellido Quiroz. Sobre este último recae la acusación de la autoría material del disparo que mató a Graciela Acosta. Los tres serán indagados por homicidio el lunes a mediodía. La intervención estuvo a cargo de oficiales de la Dirección de Asuntos Internos de la policía provincial.

Las órdenes de apresamiento contra Siffredi y Abraham no resultan apenas de la vocación judicial de evaluar sus responsabilidades ya que, según las fuentes, la sola jerarquía no permite una imputación penal directa. Lo inédito, por su significación histórica, es que algunos elementos objetivos hacen considerar al juez que es posible aplicarles a ambos oficiales una imputación por la responsabilidad intelectual que pudieron tener de la muerte que se investiga. Es decir: la autoría intelectual del disparo podría ser atribuible a los comisarios, en relación la vigencia del esquema mando-obediencia en la fuerza a la que pertenecen y a las órdenes impartidas.

En septiembre pasado, el juez Barbero ordenó el secuestro de 59 armas utilizadas el día de la muerte de Acosta por efectivos de la seccional 29ª y del Comando Radioeléctrico de V.G. Gálvez, apostados en la zona donde se produjo el grave incidente. Esa medida fue requerida porque una íntima amiga de la víctima y testigo de su muerte, Mónica Cabrera, le había entregado al juez una bala que, aseguraba, había sacado del cuerpo de la mujer herida.

Ese bala no se peritó inmediatamente porque el juez, al examinar su apariencia, evaluó por su impecable estado que no había sido disparada. No obstante, un examen técnico determinó que sí había sido disparada y que al ser encamisada no habían quedado a simple vista las estrías del arma de la que salió.

Ayer el juez Barbero recibió de Gendarmería Nacional la pericia de las armas: el examen precisó, de manera inequívoca, que la bala entregada por la testigo Cabrera salió de una pistola calibre 9 milímetros cuya numeración es B9-27941. El depositario de esa arma, indicaron las fuentes, es el sargento Quiroz. Que prestaba servicios, al momento de la muerte de Acosta, en la comisaría 29ª.

El aporte de la pericia implica "una prueba solvente y de gran contundencia" para identificar al autor material de la muerte. El comisario principal Abraham quedó bajo arresto en un sanatorio privado: según se indicó, este oficial estaba internado anoche por una angina de pecho.

Mónica Cabrera habla en el acto frente a Jefatura.