La norma de la discordia

La ley 17.448 (ley de Ancap, como se la llama comúnmente), fue aprobada por el Parlamento a finales de 2001. Inmediatamente, el sindicato de Ancap (Fancap) y gran parte del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) inició una campaña de recolección de firmas para someter la norma a referéndum.

En enero de 2003, fueron entregadas las firmas y la Corte Electoral respondió meses después que las firmas eran suficientes y válidas como para activar el recurso.

A partir de entonces se inició la campaña. Los que están a favor de mantener la ley (Partido Nacional y Colorado, el directorio de Ancap y Asamblea Uruguay, un sector del EP-FA liderado por el senador Danilo Astori) sostienen que el texto generará inversiones que posibilitarán bajar el precio de los combustibles y además, sería el camino a seguir de cara a una desmonopolización del mercado.

Dejar las cosas así, es liberar a Ancap a una competencia internacional que no soportaría, argumentan. Porque tarde o temprano el monopolio para la importación de combustibles (que es exclusividad de Ancap) caerá, puesto que así lo establece el tratado del Mercosur, que fija libre circulación de bienes y servicios entre los cuatro países del tratado. La ley sometida a referéndum establece que ello se implementará el 1º de enero de 2006.

Los críticos de la ley relativizan los argumentos contrarios y fundamentalmente basan su campaña en que mantener la ley es entregarle un "cheque en blanco" al gobierno actual.Aducen que no puede confiarse en los que gestionen el proceso de asociación, o sea el gobierno actual. "La solución de la pregunta si vamos a votar por Sí o por No pasa centralmente, no por el contenido, no en qué dice la ley, sino a quién le pueden creer", declaró el líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. "Este plebiscito no sólo es sobre la ley, sino sobre todas las cosas que han pasado en el país y que han llevado a los uruguayos a vivir desastrosamente o a emigrar para conseguir trabajo", agregó.