Se agudiza el conflicto de poderes

El juez penal Alejandro Recarey, que busca los restos de Elena Quinteros desaparecida en la dictadura en Uruguay (1973-85), emplazó al gobierno a llevar a declarar mañana a militares que citó como testigos y cerró fronteras para que los convocados no puedan escapar.La decisión de Recarey, adoptada el viernes de noche y revelada por activistas de los derechos humanos, supone un paso más en la disputa entre los poderes Judicial y Ejecutivo por la competencia en el caso Quinteros.El gobierno sostiene que el tema está comprendido en la ley de 1986 que clausuró los procesos contra militares y policías involucrados en delitos de lesa humanidad durante la dictadura y presentó al juez sendos recursos de apelación y nulidad para detener la investigación.Recarey rechazó el viernes los recursos y confirmó su pedido de que militares supuestamente involucrados en el caso comparezcan en su despacho.El gobierno está preocupado por la citación de notorias figuras de la represión dictatorial, como los coroneles retirados Jorge Silveira y Manuel Cordero, también requeridos desde Argentina, acusados de participar en el Plan Cóndor.