Los objetivos de seguridad en la provincia anunciados para el período 1999-2003

Un plan que se quedó en la intención

El proyecto tendiente a disminuir delitos y resolver problemas crónicos fracasó. Aquí, lo que se dijo y lo que pasó

Osvaldo Aguirre y Hernán Lascano / La Capital

Recuperar la credibilidad de la policía provincial, descomprimir los penales de las comisarías e incorporar a la universidad al sistema de seguridad: estas consignas que todavía forman parte del futuro deberían ser hoy parte de la realidad, si se hubieran cumplido los objetivos del Plan de Seguridad 1999-2003, elaborado por la subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia, a cargo entonces de Enrique Alvarez.

Al momento de su nombramiento, Alvarez era un desconocido para la mayoría de los santafesinos. La difusión de sus antecedentes provocó inquietud, ya que había sido agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) desde 1978, es decir en la época en que el terrorismo de Estado azotaba al país. Según se informó, había presentado un proyecto que fue aprobado por el designado ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi.

El proyecto de Alvarez fue el Plan de Seguridad que la gestión Reutemann presentó oficialmente en enero de 2000. El texto distinguía tres áreas de trabajo: relación con la comunidad, institucional y con otros poderes del Estado nacional y provincial. En cada uno de tales puntos se plantearon objetivos, modalidades y tiempos de implementación y observaciones.


Sin variantes
Cuatro años después, las aspiraciones del plan perduran en el papel, sin haberse traducido en hechos concretos. En el aspecto de las relaciones con la comunidad, por ejemplo, la promocionada incorporación de estudiantes de abogacía para instruir los sumarios policiales se desvaneció sin dejar una sola huella.

En el área institucional se proponía recrear la credibilidad de las fuerzas de seguridad, aunque sólo a través de afirmaciones genéricas ("fomentar toda acción y/o actividad que tienda a la inserción de la institución en la sociedad"). Asimismo, el plan contemplaba gestionar el cambio de las penas a menores de edad, lo que en sus términos significaba "una legislación adecuada a la nueva realidad delictual".

En relación al Poder Legislativo provincial, se planteaban como ítems las leyes sobre armas, delitos de menores y la edad de imputabilidad del delito. Alvarez se pronunció luego públicamente por reducir la edad de imputabilidad y contemporáneamente el Poder Judicial denunciaba que el Estado provincial no tenía dónde alojar a los menores detenidos.

Otras formulaciones del plan se cumplieron al revés. El texto también se proponía "apoyar el funcionamiento" de Asuntos Internos, pero en los hechos esa Dirección creada por el gobierno anterior "vio paralizada muchas de sus acciones positivas -la auditoría y seguimiento de las causas judiciales en las que funcionarios policiales eran imputados de delitos, por ejemplo"- según un análisis de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral.

Otro objetivo destacado fue el de "coordinar el incremento de la capacidad de los centros de detención", lo que se lograría "por licitación o concesión privada" y "gestión de créditos internacionales" y "permitirá descomprimir comisarías". El único resultado visible de estas fórmulas es la superpoblación de la cárcel de Coronda, con el aumento de conflictividad expresados en motines y homicidios, mientras el problema de los presos en seccionales se ha agravado En esta gestión se produjo la mayor tragedia en penales policiales de la historia, cuando el 15 de noviembre de 2000 murieron 13 presos quemados en la comisaría 25ª de V.G. Gálvez.

A la vez se consignó que las fuerzas de seguridad analizarían "cómo neutralizar los nuevos tipos de delitos". La experiencia reciente demostró, en cambio, una alta incapacidad de la policía provincial para resolver delitos complejos, se trate de los históricos (piratería del asfalto, robo de bancos) como de los recientes (bolseo de cereales, redes de contrabando en el norte provincial, tráfico de medicamentos).


Cómo leer las estadísticas
Las acciones de propaganda parecen haber sido uno de los ejes de las tareas de Alvarez. El 12 de junio de 2000 un informe de la Subsecretaría de Seguridad Pública anunció que el delito crecería en Santa Fe un 5,7 por ciento hasta 2003. El objetivo, se dijo, era impedir que se alcanzara tales cifras. Es decir: la Subsecretaría advertía sobre la existencia de un peligro pero al mismo tiempo decía que ella misma sería la encargada de conjurarlo.

De hecho, Alvarez pregonó con insistencia que el delito bajaba en Santa Fe desde su llegada a Seguridad Pública. También en junio de 2000, cuando apenas llevaba seis meses en funciones, anunció que ya había resultados en la lucha contra el delito, aunque a fuerza de incluir entre tales logros la designación de nuevas autoridades policiales. En octubre de 2000 volvió a anunciar que el delito había disminuido. Y el 28 de marzo de 2001 lo repitió en el Senado, aludiendo a "la efectividad de la mayor presencia policial en las calles, sobre todo de las grandes ciudades".

Es significativo que mientras se difundían estas estadísticas, el gobierno provincial se negaba a proporcionar información sobre datos de violencia policial. El aumento de los casos de gatillo fácil fue visible a partir de 2000, según organismos de derechos humanos.

Pero el primer golpe severo provino del Ministerio de Justicia de la Nación. En diciembre de 2000 se supo que en Rosario sólo se denunciaban tres de cada diez delitos ocurridos. Y que la omisión de denuncias obedecía a la convicción de que la policía no hubiera hecho nada (37,4% de los casos). A la vez, estadísticas de la Cámara Penal de Rosario indicaron que sólo en 2001 un 55,8 elocuente del paupérrimo nivel de las investigaciones.

En noviembre de 2001, un informe elaborado por especialistas del Ministerio de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional del Litoral concluyó que había "una clara tendencia del aumento de la criminalidad" en la provincia y demostró con cifras que los delitos aumentaban desde 1999, a un promedio de once por hora. El subsecretario Alvarez lo reconoció, finalmente, al presentarse nuevamente en la Legislatura provincial, aunque no admitió ningún error o promesa en saco roto: atribuyó el aumento del delito al desvío de fondos hacia programas sociales.

Los pronósticos resultaron acertados: el delito aumentó en la provincia. Lo que no se cumplió fue la promesa de dar una solución al problema. La trágica represión de los saqueos de diciembre de 2001, con siete muertos, y las crecientes demandas de seguridad de amplios sectores de la población terminaron por convertirse en la evaluación más ajustada de aquel Plan del ex agente de la Side.

Enrique Alvarez fue el autor del plan.