Saturación policial, delito complejo, cajas negras

Las políticas de seguridad desplegadas por el gobierno provincial recurrieron a modalidades que evocaban los modelos norteamericanos de la "saturación policial". Así, en la segunda mitad de 2002 se hicieron operativos masivos en distintas villas de emergencia de Rosario.

También se recurrió a coordinar operativos con Prefectura Naval y Gendarmería. El primer intento fue en agosto de 2002, cuando comenzaron a hacer controles y patrullajes, aunque desaparecieron de las calles sin que mediaran anuncios ni explicaciones. La idea volvió a ponerse en práctica en julio pasado.

En octubre de 2002 se instalaron garitas, como una respuesta a los pedidos de mayor presencia policial.

A partir de ese año se sucedieron protestas y reclamos de vecinos, tanto de Rosario como de Santa Fe. El 22 de agosto de 2002 habitantes del barrio La Ranita, en el noroeste de la capital provincial, quemaron casas que habían sido tomadas como aguantaderos, denunciaron que vivían en una zona liberada por la policía y pidieron el cierre de la comisaría del barrio por corrupción. En Rosario hubo movilizaciones en distintos barrios.

Mientras tanto, los delitos de alta complejidad se caracterizaron por quedar impunes. La ola de casos de robo de combustible, en el verano de 2002-2003, por ejemplo, es uno de los tantos misterios que se abrieron.

Las investigaciones de los casos de piratería del asfalto se cortaron por el hilo más delgado, es decir los lugares donde quedaban depositadas las mercaderías. Las tareas de inteligencia no pudieron desmontar -salvo escasas excepciones- el engranaje completo de estos episodios.

Otro caso que las tareas de inteligencia no aclararon fue la pinchadura del teléfono celular del concejal Daniel Luna, en noviembre de 2000, manipulado en una perversa maniobra para amenazar a la abogada Matilde Bruera. El episodio se inscribió además en una serie de intimidaciones y amenazas contra militantes de derechos humanos, que se reeditó recientemente con atentados contra militantes de Hijos, luego que se anunciara la posible reapertura de la causa Feced.


Cajas negras
En abril de 2001 una investigación de La Capital reveló la existencia de redes de recaudación clandestina en la policía rosarina, conocidas como cajas negras. "No me consta", dijo entonces el subsecretario Alvarez, pero una semana después el gobierno dispuso relevos de jefes y la intervención de la Unidad Regional II.

La investigación de las cajas negras fue archivada por la Justicia rosarina. Lo mismo hizo la Justicia de Cañada de Gómez con la denuncia sobre la existencia de una zona liberada para piratas del asfalto en un tramo de la ruta 9.

El tráfico de medicamentos es otro agujero negro en seguridad pública. Sólo en 2001 hubo 24 farmacias vaciadas en la provincia. Quiénes fueron los responsables y qué circuito siguió la mercadería son preguntas que, muy probablemente, nunca tendrán respuesta oficial.

Lo mismo ocurrió con las redes de contrabando de cigarrillos. Si bien se detectaron pistas clandestinas y hubo algunos detenidos, la investigación se desdibujó sin saberse cómo y desde cuándo operaban las bandas.

La mayoría de los crímenes de mayor repercusión pública permanecen impunes, como el del empresario Gabriel Pellado o el de la docente Daniela Sparvoli. Un fenómeno que explica en buena medida el surgimiento de los Padres del Dolor, nucleamiento que reúne a familiares de hechos de violencia.