Una difusa resolución ministerial es la única norma de reglamentación

Las agencias de seguridad funcionan en Santa Fe sin una ley de control

El próximo gobierno provincial reflotará un proyecto para regular un sector que se duplicó en cinco años

Osvaldo Aguirre / La Capital

Las agencias de seguridad privada funcionan en la provincia de Santa Fe sin una ley que las controle. Una resolución ministerial es el único marco regulatorio de esas empresas, cuyo número se ha duplicado en los últimos cinco años. El próximo gobierno provincial se apresta a reflotar un proyecto que quedó bloqueado por oscuras presiones en 1998 y que apunta a encuadrar a las agencias en una norma que cubra los vacíos y las fallas que actualmente se observan.

La resolución 521, dictada el 19 de agosto de 1991, se propuso reglamentar el funcionamiento de las "agencias de vigilancia e informaciones particulares" A poco de entrar en vigencia la norma comenzó a exhibir sus falencias. Una de las principales consiste en que "la registración, supervisión y contralor general" de las agencias queda en manos de la policía, que asimismo se ocupa de llevar las nóminas del personal de las empresas.

Los miembros activos de las fuerzas de seguridad no pueden ser directores de agencias de seguridad. Hoy no parece difícil que esa disposición pueda ser violada mediante terceras personas: vecinos de Parquefield II, por ejemplo, denunciaron el año pasado que el dueño de una agencia de vigilancia del barrio era supuestamente un comisario principal, aunque en la documentación figuraba su mujer.

La situación existente se presta para otras situaciones confusas. Así, la informante policial María Graciela Pacheco afirmó que miembros de una agencia de seguridad y policías de la zona norte componían una banda mixta dedicada al robo en casas ocasionalmente desocupadas. La denuncia no fue desmentida.


En el vacío
"Hay un vacío legal que es necesario regular. Lo importante es que el Estado, que tiene el monopolio de la seguridad, deba controlar de manera estricta qué antecedentes tienen los vigilantes", señaló el diputado socialista Eduardo Di Pollina.

Por su parte, Roberto Rosúa, ex ministro de Gobierno y diputado justicialista electo, señaló que la supervisión de las actividades de las agencias privadas "es bastante laxa, ya que falta la ley y hay una cierta actitud permisiva y una ausencia de interés del Estado por ejercer controles".

Di Pollina insistió en que "el Estado tiene la responsabilidad de profundizar los controles. Y mucho más porque estas agencias han proliferado. En la provincia de Buenos Aires hay acusaciones gravísimas respecto a que el tipo de información que maneja una agencia de seguridad puede ser utilizado con fines delictivos".

El diputado aludió así a declaraciones del juez Fernando Maroto, de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, quien el mes pasado señaló la falta de control sobre las agencias de seguridad como uno de los principales problemas de seguridad pública en Buenos Aires y como factor en el incremento de delitos complejos.

La única disposición que alude en la resolución en vigor a un mecanismo de control es difusa: "la autoridad de contralor deberá inspeccionar periódicamente las condiciones de funcionamiento de las agencias de su área", dice, sin mayores precisiones.La reglamentación del uso de armas y las disposiciones sobre la preparación y el examen del personal son asimismo elusivas.

La resolución distingue tres rubros -agencia privada de informaciones, de vigilancias y de seguridad- y enumera tareas específicas de una manera tan vaga que no se advierten los límites del campo de acción. Las agencias de vigilancias, por ejemplo, se ocupan de la "custodia y vigilancia interna, de bienes y establecimientos", una frase que parece clara pero que deja en la sombra aspectos que pueden tornarse equívocos.

Ese es uno de los puntos a que apuntaba el proyecto de 1998, cuando establecía que las empresas de seguridad tendrían prohibido inmiscuirse en conflictos políticos o laborales, intervenir en actividades sindicales y políticas y realizar tareas en relación a la opinión de las personas.

En Rosario, la supervisión de las agencias está a cargo de la sección Control de agencias de vigilancia privada e, indirectamente, de la subsecretaría de Seguridad Pública.


Proyecto pendiente
El próximo gobierno provincial impulsará un proyecto para regular el funcionamiento de las agencias en la provincia. "El gobernador Obeid planteó que ese tema sea mi prioridad en la Cámara de Diputados, por lo que me ocuparé de impulsar el proyecto", adelantó Roberto Rosúa, quien asumirá funciones en la legislatura el 10 de diciembre.

La iniciativa significará reactualizar un proyecto de ley que intentó plasmar el anterior gobierno de Jorge Obeid y que pese a contar con consenso político no se concretó. "Estamos trabajando en el aggiornamiento de aquel proyecto. Los ejes fundamentales son los mismos, pero habrá algunas modificaciones ya que de esa época a hoy se han hecho algunas experiencias. Falta que nos pongamos a ver los detalles", agregó Rosúa, ministro de Gobierno en el primer gobierno de Obeid.

El proyecto fue presentado por el propio Rosúa luego de denunciarse que el megamercado Wal Mart de Santa Fe estaba custodiado con una agencia de vigilancia ilegal. El Senado dio media sanción a la norma en julio de 1998 y luego pasó a la Cámara de Diputados.

"Era un flor de proyecto y fue aprobado en el Senado por unanimidad -recuerda el senador radical Alberto Beccani-, pero murió en Diputados. Había resistencia veladas, quizás porque poníamos todo en orden".

El ex ministro Rosúa reconoció tales resistencias, que atribuyó a "algunas agencias, porque se trataba de imponer un control muy estricto". El proyecto "fue consensuado con la comisión de seguridad del Senado y algunos diputados, pero siguió la misma suerte que el proyecto de reforma integral sobre organismos de seguridad; pareciera que no tuvo apoyo político de la mayoría de la Cámara de Diputados".

La sanción de una ley está pendiente hace tiempo.