Virulento descargo del magistrado ante la comisión de Juicio Político

Vázquez también denunció un golpe de Estado contra la Corte

Al ensayar su defensa, el cuestionado integrante del alto tribunal dijo ser víctima de una persecución

El ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez (como semanas antes lo había hecho Eduardo Moliné O'Connor) denunció ayer un supuesto "golpe de Estado, o al menos un alzamiento de otros dos poderes contra el Judicial", enfocado a remover una parte del alto tribunal. Estas declaraciones, junto a las realizadas por el futuro titular del cuerpo, Enrique Petracchi, desnudaron también los cortocircuitos existentes entre los máximos magistrados.

Durante su descargo ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Vázquez insistió en denunciar que es víctima de "una persecución política". Y consideró la embestida a la Corte como una "intolerable vejación" al Poder Judicial, "cuya cabeza en forma colegiada integro".

El titular de la comisión, Ricardo Falú (PJ), dijo que el juez hizo una defensa política que no aportó "elementos novedosos" y confirmó que a fines de noviembre, luego de que se discuta en el bloque, el cuerpo emitirá un dictamen que, según se estima, será por la acusación de Vázquez.

La comisión prefirió no interrogar a Vázquez (aunque tenía en carpeta más de un centenar de preguntas). Falú evaluó que quedaron "pasmados" debido a la falta de conocimiento que el magistrado exhibió respecto a las causas Meller y Macri, dos de los casos por los que se le formularon quince cargos provisorios.

Falú y el radical Juan Minguez se sorprendieron de que el ministro insistiera en defender competencias disciplinarias de la Corte en detrimento de las facultades del Consejo de la Magistratura, cuando le tocó justificar las medidas que convalidó contra los jueces Héctor Magariños y Haydeé Román de Dragonetti.

Vázquez insistió en que la estrategia para renovar la Corte a través del juicio político se direccionó "arteramente" hacia algunos de sus miembros, "logrando así dos renuncias y una ilegal suspensión, a la que se suma este trámite".

Además, aseveró que el objetivo de la embestida contra la cúpula judicial no es otro que "generar mayorías adictas, direccionadas a obtener determinado tipo de resoluciones en asuntos actualmente en trámite y bien identificados", como la validez de las leyes de impunidad (ver aparte) y la pesificación.

Vázquez llegó (puntualmente) al recinto de la reunión a las 14, con gesto adusto y ofuscado, impecablemente vestido con un traje gris y acompañado por su abogado, Virgilio Loiácono, ex funcionario del gobierno de la Alianza.

En apenas 45 minutos, desgranó su malestar por el proceder de la comisión, para la que no tuvo ninguna palabra amable, aunque sólo fuera por el reconocimiento de su rol institucional en el control del desempeño de la Corte.

"Por segundo año consecutivo tengo el desagrado, el displacer, de ser citado para dar explicaciones en relación a actos jurisdiccionales y administrativos que, en cumplimiento de mi función, debí suscribir en conjunto con otros miembros del tribunal", subrayó.

Luego sostuvo que, si bien podría haber renunciado para acogerse a la jubilación y sortear el juicio político, ello "deshonraría el cargo vitalicio con que me distinguió la República, no un mero Poder Ejecutivo de turno".

Vázquez, uno de los miembros de la cuestionada mayoría automática, dijo tener el "privilegio" de haber sido "el primer juez en haber sido sometido a un examen público" antes de que se aprobara su pliego en el Senado (el 6 de diciembre de 1995).

La defensa política de Vázquez monopolizó la reunión, ya que su abogado, encargado de la parte técnica, prácticamente no pudo emitir palabra. En ese marco, el juez aseguró haber sido objeto de "múltiples acciones políticas y mediáticas de desprestigio de la Corte", especialmente contra los que forman parte de "una indemostrada mayoría automática ".

Loiácono dejó un escrito con la defensa técnica de los quince cargos formulados a Vázquez. También una recusación a Falú, Nilda Garré (Frepaso) y Carlos Iparraguirre (UCR-Santa Fe), con el argumento de que se apersonaron -en su calidad de abogados- en una presentación que, sobre el caso del suspendido Eduardo Moliné O'Connor, plantearon en la Corte.

Falú aclaró que los diputados realizaron dicho trámite como apoderados de la Cámara baja y no como abogados.


El turno de Moliné
En tanto, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado firmó el dictamen por el cual se clausuró el período de prueba en el juicio político que se le sigue a Moliné O'Connor, y rechazó las 17 peticiones efectuadas por la defensa del magistrado.

La comisión finalizó su actuación en el proceso con el proyecto de resolución que será tratado hoy en el recinto, para luego abrir paso a los alegatos y a la votación de la sentencia al juez, cuya fecha deberá definir el presidente del Senado, Daniel Scioli.

Vázquez planteó una defensa política.