Nadie es responsable

Osvado Aguirre / La Capital

A mitad de esta semana se conoció el fallo de un juez correccional de Santa Fe, que desvinculó al ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y al ex subsecretario de Seguridad Pública Enrique Alvarez en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trataba de determinar los niveles de responsabilidad en la represión policial que dejó siete muertos en Rosario en diciembre de 2001. Algo secundario, se explicó, respecto a la causa principal que se sigue en Rosario a propósito de esos crímenes.

Sin embargo, la causa en la que se pronunció el juez de Santa Fe tiene un significado especial. Para comprenderlo hay que tener en cuenta algunos datos de los hechos que se investigaban y otros de la historia reciente. El quid de la cuestión era, en principio, aclarar una contradicción. Lorenzo Domínguez sostuvo que el gobierno provincial no dio orden de reprimir y que la prioridad de la policía era "preservar la vida de las personas". El entonces jefe de la Unidad Regional II, Jorge Pupulin, dijo en cambio que "no ha recibido órdenes directas o instrucciones específicas provenientes o de parte del Poder Ejecutivo Provincial"; el de la Unidad Regional I, Osvaldo Miranda, tampoco recibió las instrucciones del ministerio de Gobierno. En febrero de este año, el ex ministro responsabilizó al ex subsecretario de Seguridad Pública por el operativo de diciembre de 2001.

"Había una zona de conflicto entre el estilo, la personalidad y las órdenes del ministro y las que impartía el subsecretario. Creo sinceramente que muchos jefes me escucharon y muchos otros no", dijo Domínguez. La represión, en definitiva, hizo emerger en la superficie, con resultados irreparables, un conflicto que parecía oculto y que concernía a la conducción de la policía.

Pese a que en teoría dependía del ministerio de Gobierno, la dirección de la policía santafesina correspondió al subsecretario Alvarez, cuyo antecedente en el tema consistía en haber sido agente del Servicio de Inteligencia del Estado (Side) durante la dictadura militar. No era un secreto: fue la subsecretaría de Seguridad Pública la que presentó el Plan de seguridad 1999-2003. "Soy responsable en todos los temas de seguridad de la provincia", dijo Alvarez en septiembre de 2001. "El que maneja a la policía soy yo", manifestó a su vez Esteban Borgonovo al reemplazar a Domínguez en el ministerio; pero no se notaron mayores cambios. La cuestión de quién manejaba a las fuerzas de seguridad en la provincia se arrastró sin solución hasta el alejamiento de Alvarez y estalló precisamente cuando hubo que conducir a la policía en una circunstancia extraordinaria.

El juez de Santa Fe no se detuvo en estas cuestiones y sostuvo que los jefes policiales "debían tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales de un médico como el entonces ministro de Gobierno Domínguez o de un licenciado en Ciencias Políticas como el subsecretario de Seguridad Pública, Alvarez". Tal vez por eso tales comisarios tampoco pueden ser juzgados por ningún juez en Santa Fe. En otras palabras, el magistrado santafesino consideró que la policía sabía lo que debía hacer ante una situación de emergencia como la de diciembre de 2001. ¿Y qué fue lo que hizo, en Rosario? Además de las siete muertes, de acuerdo a informes nunca desmentidos de la Comisión Investigadora No Gubernamental, la policía de Rosario alteró el escenario en que ocurrieron esos hechos, falsificó testimonios y actas policiales, se investigó a sí misma por homicidio (el caso de las Tropas de Operaciones Especiales buscando testigos de la muerte de Walter Campos, el chico muerto por un francotirador de esa fuerza que no le pudo tirar sino a la cabeza), produjo las pruebas en los casos donde estaba implicada, retaceó información a la Justicia, presentó una denuncia contra un muerto (ocurrió con Pocho Lepratti) y situó una muerte a varias cuadras de donde ocurrió (el caso de Rubén Pereyra).

En Rosario hubo siete víctimas fatales por la represión. ¿Quién dio las órdenes que derivaron en esas muertes?, preguntaron y seguirán preguntando los familiares. Nadie es responsable, acaba de responder la Justicia.