Por la ciudad

El pueblo quiere saber de qué se trata

Adrián Gerber / La Capital

¿A usted le interesaría saber cuántos empleados y asesores tiene la Legislatura santafesina, sus nombres y apellidos, y cuánto cobran? ¿O mejor le gustaría conocer quiénes reciben subsidios de los legisladores? Es decir, ¿quiere saber qué hace la Legislatura con su presupuesto de 60 millones de pesos al año, dineros públicos que provienen de los impuestos que usted paga? Hoy estas preguntas no tienen respuestas, porque ni las autoridades de ambas cámaras dan estos datos cada vez que uno los pide, ni existe una ley que las obligue a hacerlo. No hay en la provincia una norma que garantice a los ciudadanos el libre acceso a la información de los actos de gobierno. Y éste es sólo un ejemplo de los numerosos hechos que se mantienen en secreto y ocultos, pese a que son públicos. Es una muestra de cómo no se avanzó ni un centímetro en la tan anunciada reforma política, que implica también una reforma del Estado para transparentar la gestión pública.

Justamente, hace ya casi dos años que está naufragando en la Legislatura provincial un proyecto del demoprogresista Carlos Favario que instaura en Santa Fe el derecho a la vista y la información. En su primer artículo el proyecto reza: "Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información de los actos de gobierno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; sus entes descentralizados y entidades autárquicas, de conformidad con el principio republicano de publicidad establecido por el artículo 1º de la Constitución santafesina".

Pero la iniciativa, que tiene media sanción de Diputados, aún no ha sido convertida en ley por el Senado por la fuerte resistencia del bloque justicialista. En los últimos dos meses fracasaron seis pedidos de preferencia para que el proyecto fuera tratado. Y si no se lo aprueba antes de fin de este mes, cuando finalice la prórroga del período ordinario de sesiones, el proyecto directamente perderá estado parlamentario y será archivado.

Pero ¿por qué hay políticos que se oponen a esta iniciativa que sólo pretende que los tres poderes del Estado sean transparentes, abiertos y que rindan cuenta de sus actos y de cómo administran los recursos públicos? "Son resabios de la mentalidad fascista. Los funcionarios y burócratas de turno se creen que los actos del Estado son propiedad de ellos. Quizás tienen miedo de que se conozca el funcionamiento de la caja... Pero el que trabaja bien y honestamente no tiene por qué temer a esta ley", afirmó Favario cuando fue consultado anteayer por este diario.

Y es necesario que haya una ley que establezca el libre acceso a la información porque en Argentina existe una cultura, una práctica contraria en este sentido: muchos funcionarios y legisladores tienen la idea de que la información de los actos del Estado les pertenece.

Esta ley permitiría principalmente el control cívico de los actos de gobierno. Así, y según establece el proyecto, un funcionario estaría obligado a responder el pedido de información de un ciudadano en un plazo no superior a 15 días hábiles, con la obvia excepción de datos cuya reserva se justifique. Porque todo lo que es público pero no es de acceso público termina siendo sospechoso.

¿Cuánto gasta el Hospital de Niños de Santa Fe en la compra de medicamentos? ¿Cuál es la plantilla de asesores de la Gobernación y cuánto cobra cada agente? ¿Cuánto gasta la Defensoría del Pueblo en llamadas telefónicas? ¿Cuáles fueron las últimas investigaciones que realizó la Fiscalía provincial por supuestas irregularidades en la administración pública? ¿Cuáles son los antecedentes de tal persona para designarla al frente de tal cargo? Estas son sólo algunas de las decenas de preguntas que uno podría formular.

El proyecto de Favario tiene el fuerte apoyo de la Mesa del Diálogo Argentino, de numerosas organizaciones civiles y de los gremios de prensa de la provincia. Pero ni este respaldo conmovió por ahora a los senadores oficialistas.

La provincia, incluso, está debatiendo un tema que Rosario ya superó. En el 2001 el Concejo municipal aprobó una ordenanza similar, cuyo autor fue el radical Daniel Luna, que da al vecino el derecho de acceder a cualquier información pública de la Municipalidad. También hubo en su momento mucha resistencia, pero el proyecto fue sancionado por unanimidad.

A los senadores santafesinos habría que refrescarles, por si ya se olvidaron, el grito fundacional de la Argentina: "El pueblo quiere saber de qué se trata".

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