Diputados defendieron la despenalización de la protesta

Crece la polémica ante la posible amnistía a piqueteros

Los desocupados, a favor de la idea, no acuerdan sobre si corresponde el perdón o que se archiven las causas

El proyecto de ley presentado en las últimas horas en la Cámara baja que promueve una amnistía para los piqueteros con causas judiciales abiertas fue defendido ayer por los diputados que impulsan la iniciativa y debatido por organizaciones piqueteras, que esgrimieron posiciones diferentes respecto al alcance de los términos "desprocesamiento" o "amnistía".

El artículo 1º del proyecto propone amnistiar no sólo a dirigentes piqueteros, sino también a las personas que hayan participado en "todos los hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, gremial, de derechos humanos o estudiantil, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión".

En ese sentido, abarca a quienes hayan participado de marchas, huelgas, ocupaciones de edificios deshabitados, asambleas populares, cortes de ruta, calles y cualquier otra vía pública, movilizaciones de ahorristas, puesta en producción de empresas, reclamos por alimentos, en un amplio espectro que abarca prácticamente todo tipo de manifestación social.

Sólo quedan excluidos quienes hayan participado de hechos represivos o de inteligencia que incluya a miembros de Fuerzas Armadas, policiales o de seguridad.

El hecho que la iniciativa contemple la amnistía y no el desprocesamiento motivó una discusión entre las organizaciones piqueteras, incluso entre las enroladas en el ala dura del movimiento.

Por ejemplo, el Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, con un perfil más combativo que otros grupos, discreparon, ya que el primero rechaza la amnistía y los liderados por Raúl Castells la apoya siempre que sea "irrestricta".

Por su parte, la Corriente Clasista y Combativa, cercana a los dialoguistas, avala el proyecto y la Federación de Tierra y Vivienda, también dialoguista, la respalda, aunque quiere profundizar sobre algunos artículos.

El gobierno había fijado su posición ayer a través del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien negó que el Ejecutivo esté elaborando un proyecto de desprocesamiento, en tanto que fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos indicaron que ese organismo se opone tanto a la amnistía como al desprocesamiento porque "ese no es el camino indicado para encontrar la solución".

El diputado justicialista bonaerense Ricardo Gómez, uno de los autores de la iniciativa, explicó a Radio La Red que "lo que hoy preocupa y aflige al conjunto de la sociedad es ponerle fin a esta situación generada a partir de un modelo económico de injusticia que provocó la protesta social con el fin de que pueda, de aquí en más, ser acotada cuando hay una actitud del Estado de dialogar".

En tanto, el porteño Gerardo Conte Grand fundamentó su apoyo a la iniciativa al señalar que "habiendo un nuevo gobierno que ha encarado un nuevo programa que se ocupa de desarticular las malas cosas del modelo del 90, es necesario desarticular la pena a la protesta para lograr un equilibrio".

Por su parte, la diputada del ARI Marcela Bordenave, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, sostuvo que el proyecto alcanza a "casos que hicieron frente a injusticias que vinieron de privatizaciones, que fueron negociados".

La iniciativa tiene además el aval de la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh y de los justicialistas Julio Gutiérrez (Santa Fe), Mónica Kuney (Chubut), Dante Canevarolo (Santa Cruz), Saúl Ubaldini (Buenos Aires), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Pablo Fontdevila (Tucumán) y Guillermo Johnson (Córdoba), entre otros.


"No queremos perdón"
"No queremos que nos perdonen, ya que no cometimos delitos", sostuvo Miguel Vittone, de la mesa nacional del Polo Obrero, y agregó que "lo que corresponde es el desprocesamiento y la anulación de las causas".

A su turno, Alberto Ibarra, del Movimiento Territorial Liberación (MTL), remarcó -en línea con el Polo Obrero- que la organización está "contra la amnistía porque no se cometieron delitos" y, en cambio, se pronunció por "el desprocesamiento y la anulación de las causas".

Por su parte, Juan Carlos Alderete, de la CCC, manifestó su respaldo al proyecto de ley porque "implica justicia y no sólo alcanza a los piqueteros, sino también a campesinos, ahorristas y otros sectores que protagonizaron hechos de protesta".

Desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el dirigente Juan Cruz Dafunccio expresó su respaldo al proyecto "aunque se hable de amnistía, porque se 0levantan las causas de los que están procesados, y eso es un avance y no se puede estar en contra".

Los cortes de ruta preocupan al gobierno.