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 viernes, 14 de noviembre de 2003

Moliné consideró que el juicio en su contra es un golpe de Estado
Denunció que el gobierno no respeta la Constitucióny que Kirchner pretende conformar una Corte adicta

El suspendido ministro de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O'Connor, advirtió que el juicio en su contra puede transformarse en "un golpe de Estado", porque "si los gobernantes van a pasar por encima de la Constitución, eso ya no es un gobierno constitucional, eso es como un golpe de Estado". Además, denunció que la administración del presidente Néstor Kirchner "quiere formar su propia Corte Suprema, y por eso avanza en el juicio político contra varios de sus miembros".

Moliné, quien asumió en 1990 y era el número dos de la Corte hasta su suspensión, es considerado uno de los miembros de la llamada "mayoría automática" que se alineó con el ex presidente Carlos Menem para dar sustento legal a las cuestionadas privatizaciones de las empresas de servicios públicos, entre otros temas.

Desde fines del 2002, cuando arreciaban las críticas de la sociedad a la Corte, tres jueces abandonaron el tribunal, dos se encuentran bajo investigación del Congreso y otro más podría irse en los próximos meses.

El ex presidente del alto tribunal Julio Nazareno renunció en junio; Guillermo López lo siguió el 23 de octubre; Moliné está suspendido, y Diputados inició el proceso de enjuiciamiento a Adolfo Vázquez.

A esto se suma la dimisión, el año pasado, de Gustavo Bossert, uno de los jueces menos cuestionados, quien fue reemplazado por el ex senador Juan Carlos Maqueda, y que el actual presidente de la Corte, Carlos Fayt, abandonaría el tribunal donde estuvo 20 años en los próximos meses.

"Posiblemente quiera contarse con una Corte designada por el propio gobierno, porque el número de vacantes le va a permitir tener una mayoría de miembros nombrados por esta administración", denunció ayer Moliné.

También aseguró que el Senado quiere concluir su destitución antes del 10 de diciembre, cuando debe renovarse parte de sus integrantes. "Se ha tomado la fecha de la sentencia y se han desarrollado hacia atrás todos los pasos procesales para que pueda llegarse a esa fecha. Eso es lo más diferente de un proceso judicial que pueda haber", aseguró.

El suspendido magistrado ha reiterado que continuará con el proceso y si es destituido llevará su caso a "la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Finalmente, Moliné denunció que existe "una multitud de arbitrariedades" en el proceso en su contra y dijo que la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, "resuelve todo sin argumentos jurídicos".


Amenazas contra Vázquez
Casi coincidentemente, Vázquez aseguró que fue amenazado "vía telefónica y por escrito" para que no se presente ante la comisión de Juicio Político de Diputados para hacer su descargo, trámite que debía cumplimentar ayer.

La denuncia recayó en el juez federal Jorge Ballestero, quien le remitió al fiscal Gerardo Di Massi los detalles para que dictamine si corresponde o no abrir una investigación judicial.

El plazo para que Vázquez diera su respuesta -ya sea personalmente o por escrito- venció ayer a las 11.30 y debió ser postergado debido a la continuidad de la sesión en la que se debatió el proyecto de Presupuesto 2004.

Dado que el reglamento de la Cámara prohíbe expresamente la realización de reuniones de comisión cuando se desarrolla una sesión en el recinto, la comisión encabezada por el justicialista Ricardo Falú notificó por escrito a Vázquez que la citación había sido postergada para el martes próximo a las 14.

Los diputados ya están preparados para recibir en forma personal a Vázquez, quien ya anticipó su voluntad en ese sentido, tal como hizo el año pasado, cuando se presentó personalmente en el marco del luego frustrado proceso iniciado contra la totalidad de los entonces miembros del alto tribunal.

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Moliné dijo que irá a la Justicia internacional.

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