Media sanción a un proyecto que da más atribuciones a Asuntos Internos

Control del patrimonio de jefes policiales

El Senado provincial aprobó un plan que apunta a combatir el enriquecimiento ilícito de los uniformados

Santa Fe.- El Senado santafesino dio media sanción a un paquete de iniciativas oficiales destinadas a controlar el patrimonio de los jefes y funcionarios policiales. El texto legal, aprobado por unanimidad en la Cámara alta y girado anoche para su sanción definitiva a la Cámara de Diputados, concede amplias facultades a la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina a fin de investigar los presuntos casos de enriquecimiento ilícito de los integrantes de la fuerza de seguridad.

La iniciativa es un proyecto del ministro de Gobierno, Carlos Carranza, remitida hace menos de un mes por la Casa Gris y obtuvo un rápido despacho en las comisiones del Senado, que posibilitó la aprobación en la sesión de ayer. En las facultades conferidas a la Dirección de Asuntos Internos, el proyecto habilita a requerir informes a los registros públicos respecto de bienes inmuebles, muebles registrables, comercios, marcas, señales de ganado y actividades civiles lucrativas en general de las que sean titulares el funcionario policial y su grupo familiar conviviente.

También podrán recabarse informes de la evolución de cuentas bancarias, operaciones con tarjetas de crédito, compraventa de títulos y acciones y cajas de seguridad registradas. Y, en caso de ser necesario, obtener información sobre cuestiones protegidas por el secreto fiscal, tributario, bursátil o bancario. Pretende además poner al descubierto la habitual utilización de testaferros, ya que podrán ser investigados los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y los afines -amigos o parientes políticos- hasta el segundo grado.

En el articulado del proyecto de ley sobre "procedimiento para la investigación del enriquecimiento ilícito del personal policial" dispone que Asuntos Internos podrá iniciar de oficio o por denuncia una pesquisa sobre el patrimonio de policías "en el ejercicio de sus funciones y hasta transcurridos seis años desde su renuncia o pase a situación de retiro".

La información sumaria recabada por Asuntos Internos deberá ser completada en un plazo de 60 días hábiles, en tanto que las conclusiones apuntarán a demostrar si existen elementos para el requerimiento de justificación del aumento patrimonial. Dentro de los diez días hábiles siguientes se citará al funcionario policial investigado para que justifique la procedencia de su patrimonio o de la persona interpuesta, quien por su parte contará con un plazo de 90 días para ejercer su descargo. Tras el referido descargo, la Dirección de Asuntos Internos deberá elevar el escrito al juez penal de turno "informando sobre la justificación del enriquecimiento patrimonial" y comunicando también a la Jefatura de Policía de la provincia a los fines administrativos pertinentes.

Carlos Carranza, el impulsor del proyecto.