Diputados siguen debatiendo cómo descriminalizar la protesta social

Diputados de varias bancadas y organizaciones defensoras de los derechos humanos ultimaban ayer detalles de un proyecto de ley que impulse la "descriminalización" de la protesta social, pero debatían entre las figuras de "desprocesamiento" o "amnistía".

Si bien en principio el proyecto iba a ser presentado ayer, la iniciativa se conocerá hoy con el respaldo de diputados peronistas nucleados en el Grupo Talcahuano, legisladores socialistas, de IU y del ARI, y organismos como el Comité de Acción Jurídica (CAJ) de la CTA, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh).

Según dijo la diputada Patricia Walsh, "se decidió cambiar la figura de desprocesamiento por amnistía, ya que si no, sólo se resolverían las cuestiones en Capital Federal pero no en las provincias, pues no se puede avanzar sobre las justicias locales".

Sin embargo, el abogado Juan Carlos Capurro, de la CAJ, expresó su oposición a que el texto que podría presentarse sea modificado y "se introduzcan conceptos como amnistía, que no corresponde porque no se han cometido delitos ya que se trata de legítima protesta social. Aquí se debe aplicar el desprocesamiento".

En la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, consideran que ni una ley de desprocesamiento ni una de amnistía es el camino correcto para avanzar en la cuestión.

"Es imposible una ley de desprocesamiento, ya que desprocesar es facultad de la Justicia de cada provincia y nunca el Congreso nacional podría legislar en materia procesal para las provincias", explicó un funcionario que trabaja junto a Duhalde.

"En tanto, una ley de amnistía tiene el inconveniente de que puede solucionar los problemas pasados, pero no garantizará nada para el futuro", añadió el vocero.