Es el primer paso para romper una vinculación que data desde fines de los 70

Yacyretá: suspenden un contrato millonario

La compañía Cidy lleva cobrados más de u$s 500 millones. No hizo nada desde el 99 pero siguió facturando

El gobierno dio ayer el primer paso para anular el millonario contrato que desde 1979 vincula a la consultora internacional Cidy con el Ente Binacional Yacyretá, al disponer la suspensión por 45 días de la relación contractual para avanzar en una seria investigación. La decisión se tomó en sintonía con las autoridades paraguayas. Según los cálculos efectuados por los técnicos del área de Planificación, lo cobrado por la consultora desde 1979 ascendería a 500 millones de dólares.

"La comisión -que analizará el contrato- tiene que expedirse en 45 días, y será quien nos dé algunas puntas para poder avanzar en una investigación más seria", afirmó el ministro de Planificación, Julio De Vido, durante una rueda de prensa que ofreció junto con el secretario de Energía, Daniel Cameron.

Cidy es un consorcio que nuclea a un grupo de consultoras privadas lideradas por la estadounidense Harza y la alemana Lahmeyer, y que desde el año 1979 a la fecha lleva cobrados en concepto de honorarios -por este asesoramiento al ente binacional- unos 500 millones de dólares.

El contrato con Cidy tenía por objeto la prestación de los servicios de consultoría para la terminación del proyecto ejecutivo, la asistencia en licitaciones y contrataciones y la dirección, supervisión y coordinación técnica de las obras civiles y electromecánicas de la Central Yacyretá.

Este objetivo se cumplió casi totalmente con la puesta en marcha de la última turbina, en 1998, pero quedó pendiente la dirección y supervisión de las obras de protección de los arroyos Aguapey y Tacuary.

Aunque no se hicieron obras, en el período que va del 99 al 2003, la consultora siguió cobrando por sus servicios como si nada.


Monumento a la corrupción que siguió
Calificada como "un monumento a la corrupción" por el ex presidente Carlos Menem, ni su gestión ni la de los sucesivos gobiernos encararon las obras complementarias que son necesarias para que la central hidroeléctrica pueda generar al pleno de su potencia instalada y con ello lograr mayores ingresos por la venta de su energía.

Durante el gobierno de la Alianza se puso un freno a un proceso de arbitraje internacional que el menemismo había activado para dirimir sobre un reclamo de casi 1.000 millones de dólares que realizó el consorcio constructor Impregilo-Dumez.

De Vido también hizo hincapié en la duración del contrato, casi un cuarto de siglo, y destacó que éste no se pesificó en 2002, y la cuota en pesos se convirtió a dólares al tipo de cambio 1 a 1, encareciendo aún más su costo para el ente binacional.

El comité ejecutivo del ente, a cargo de la conducción administrativa y ejecutiva, que integran dos directores, uno por Argentina y otro por Paraguay, propuso al consejo de administración la suspensión del contrato.

En la resolución del comité se pide al consejo reestructurar la Comisión de Trabajo Binacional y sumar a dos representantes para que en 45 días formule un estudio integral del contrato y le proponga recomendaciones.

Esa comisión, "en caso de dar continuidad al contrato de Cidy, deberá hacer recomendaciones al comité ejecutivo sobre costos ponderados, ajustado a las necesidad del ente binacional con racionalidad en las encomiendas y el costo de las mismas", según una resolución de Energía.

Si por el contrario la decisión fuera rescindir, "deberá dar los fundamentos supuestos (agotamiento del objeto, incumplimiento, superposición de acciones) y consecuencias".

En su contacto con la prensa, De Vido no dejó pasar la oportunidad y denunció: "Hemos observado que entre el año 1999 y el 30 de junio de 2003, se pagaron 32 millones de dólares a la consultora Cidy sin ninguna obra ejecutada, razón por la que concluyó que "por lo tanto, a simple vista no hubo ningún tipo de contraprestación" que justifique ese pago.

Seguidamente disparó: "Si sumamos lo que gastamos en sueldos y personal directo de la represa, vemos que es el mismo monto que lleva la consultora todos los meses contra prestaciones de muy pequeña escala para justificar o ameritar esa cifra".

El funcionario hablaba de los 640 mil dólares mensuales que cobra la Cidy por contrato y que equivalen a la totalidad de los salarios de los 600 trabajadores argentinos de Yacyretá.

La vinculación con los socios mayoritarios de Cidy comenzó en 1958 cuando la comisión técnica mixta Yacyretá-Apipé contrató a Harza, de Chicago, y en 1974 sumó a Lahmeyer.


La cota que nunca se alcanzó
En 1979 cuando comenzó la ejecución de la represa, aún inconclusa, se contrató a Cidy que junto a sus socios americanos y alemanes sumó al grupo argentino Coady y al paraguayo Etic.

La cota proyectada para la represa de Yacyretá es de 83 metros sobre el nivel del mar, pero esa altura nunca se alcanzó y opera hoy en 76 metros. En opinión del secretario de Energía la decisión de suspender el contrato "hará a la economía y a la transparencia del funcionamiento de la entidad, y va permitir llegar en cuatro años al nivel de la cota 83". A su entender, este "es un contrato que de alguna manera había que suspender y en el término perentorio de 45 días definir su situación".

"La mejor presunción que tenemos -remarcó- es que la culminación de este contrato está muy próxima, y es probable que con personal propio comencemos a asumir algunas de las responsabilidades que teóricamente tiene la consultora".

La cota de 83 metros permitiría pasar de una generación de 12.500 GWh a 19.000 GWh, y con este diferencial de energía "poder repagar todas aquellas obligaciones que tomemos para finalizar la obra", completó Cameron.

En cuanto a la obtención de recursos para ese fin, De Vido informó que el gobierno trabaja con "el Banco Interamericano de Desarrollo para conseguir un crédito de 110 millones de dólares, que nos permita instalar dos turbinas más para producir 2.200 GW, que son de singular importancia para este momento de la Argentina".

De Vido al anunciar la medida.