Aprueban una ley de reparación para víctimas de inundaciones

Para las muertes se fijaron 45.000 pesos y el beneficio también alcanza a afectados en Cañada de Gómez

Atilio Pravisani / La Capital

Santa Fe. - La Cámara de Diputados convirtió en ley el mensaje del Poder Ejecutivo (PE) por el que se establece un beneficio único de 45.000 pesos por cada muerte ocurrida durante la inundación que azotó a la capital santafesina hace seis meses por el desborde del río Salado. La compensación se enmarca en el denominado Régimen de Reparación Excepcional, destinado a subsanar daños en personas y bienes de los afectados por la catástrofe hídrica.

Para el caso del beneficio por muerte la cifra se puede extender hasta el doble de acuerdo a las circunstancias de cada caso, y a partir de un agregado aprobado por el Senado, también se determina que a los efectos de solucionar los reclamos de muertes producidas por el aluvión que azotó a Cañada de Gómez, los damnificados podrán optar por el mismo beneficio y en las mismas condiciones.

El proyecto aprobado, que contaba con media sanción del Senado, expresa que tiene carácter de "reparación" y no de indemnización, siendo su beneficio de carácter voluntario y cada persona que acceda al mismo deberá renunciar a cualquier reclamo ulterior y el desistimiento de los ya iniciados, lo que deberá estar expresamente consignado en el recibo del resarcimiento.


Discrepancias
Precisamente es en este tramo en donde se advierten nítidamente las discrepancias entre el proyecto oficial aprobado y el de la oposición. Mientras que el gobierno utiliza el termino "reparación", entendiéndose esto como una no admisión de responsabilidades, la oposición habla de indemnización y deja entrever la responsabilidad del Estado en la inundación que anegó a parte de la ciudad.

Se establece en el texto que la estimación del monto -a excepción del otorgado por muerte- será fijada exclusivamente en función de la reparación de los inmuebles, en tanto no corresponda su relocalización, y de la reparación o reposición de los bienes muebles de que se trate, excluyendo los suntuarios, precisándose que los deterioros deberán tener una relación adecuada de causalidad con el fenómeno hídrico.

De acuerdo a lo expresado por el ministro de Hacienda, Miguel Asensio, los subsidios o ayudas no podrán abarcar la totalidad de los daños, sino que se apunta a brindar una solución en función de parámetros que se han utilizado en países que sufrieron importantes catástrofes de este tipo como los casos de Japón o de Alemania, o atentados como, por ejemplo, el de la Amia en Buenos Aires o el del World Trade Center (Torres Gemelas) en Nueva York.

En función de estos criterios, el PE aprobará una clasificación de categorías sobre la base de lo determinado por organismos técnicos, de acuerdo al mayor o menor grado de afectación, mientras que las categorías de los inmuebles, como los subsidios correspondientes a cada una de ellas, serán establecidas por la reglamentación que será sometida a aprobación legislativa.

En cuanto a la fuente de financiamiento, se prevén recursos provinciales, aportes de la Nación y fondos internacionales, pero en el caso de que no se cuente con los recursos en tiempo y forma se establece una aplicación paulatina afectando recursos propios y otorgando prioridad a la reparación de viviendas.

En este aspecto también planteó dudas la diputada radical, Alicia Tate, al sostener que en la iniciativa "faltan precisiones presupuestarias", señalando además que en la norma no se establece criterio, ni desde el gobierno provincial, ni desde el municipal en cómo se van a reubicar las viviendas completamente destruidas.

Los beneficiarios deberán renunciar a reclamos.