Unitarios y federales entre los ingenieros agrónomos

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe salió con los tapones de punta contra sus pares de Capital Federal por la intención de exigir la doble matriculación de los profesiones del interior que pretendan trabajar en organismos oficiales.

El Colegio denunció el "avasallamiento de las atribuciones, funciones y potestades de los colegios de profesionales universitarios que ejercen el control de la matrícula profesional" y se quejaron porque se pretende "desconocer que el origen del Estado Nacional se encuentra en los propios Estados particulares".

Reivindicó, en tal sentido, la potestad del Estado provincial para "organizar y controlar, en aras de la tutela de intereses públicos de la comunidad, a las profesiones universitarias y la institución de la colegiación obligatoria".

Denunció, en tal sentido, que el Consejo Profesional de la Ingeniería Agronómica (CPIA), con sede en Capital Federal, pretende arrogarse "la facultad de exigir una doble matriculación para nuestros colegiados, con un afán meramente recaudatorio y carente de sustento jurídico, si aquellos pretenden ejercer su profesión en los organismos y reparticiones públicas nacionales o por ante las mismas".

"Pese a la voluntad de zanjar esta irritante cuestión por parte de este Colegio y otras entidades análogas, nucleadas en la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (Fadia), exhibida regularmente desde hace cinco años atrás, hoy asistimos azorados a la promoción de improcedentes acciones judiciales de reclamo contra nuestros colegiados, de abultadas sumas dinerarias por obligaciones matriculares inexistentes", señaló la entidad en un documento.

Los ingenieros agrónomos santafesinos comprometieron "el esfuerzo de esta institución y otras que suscriben la presente como adhesión, en resguardar el poder de policía provincial en la materia, como facultad no delegada por las provincias a la Nación, conforme mandato constitucional".

El Colegio impulsa, para zanjar la cuestión, un proyecto de ley impulsado por el diputado nacional Eduardo di Cola, que propone la derogación y limitación de las facultades que se atribuye el CPIA, y que fueron fijadas en un viejo decreto ley, dictado por un gobierno de facto.

Entre los firmantes de la declaración figuran la Caja de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros Especialistas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe.