¿Habrá llegado la hora?

Marcelo Batiz

Toda la deuda pública en una década. De un monto similar a ese se trata la discusión que se avecina entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y que, si se cumplen los compromisos, desembocará el año próximo en una nueva ley de coparticipación.

La masa de recursos a distribuir varía según los montos recaudados, pero para el 2004 el gobierno prevé girar a los 24 distritos una suma cercana a los 22.000 millones de pesos, unos 7.700 millones de dólares que no incluyen otras partidas de fondos específicos.

Si se considera que la masa coparticipable se distribuye en partes manos o menos similares entre la Nación y las provincias, se puede comprender la cabal dimensión del debate: el monto que las dos partes se llevarán en 5 años equivale a la quita que se propone hacer a la deuda con los acreedores privados.

Los protagonistas se sentarán a la mesa de discusión con una precaución casi inmovilizadora: cada parte reclamará una porción mayor de recursos, pero ninguna querrá ceder un ápice.

Esas presiones cruzadas fueron las que imposibilitaron sancionar una nueva ley hasta el día de hoy, pero también hay otros impedimentos menos confesables. Para algunas administraciones es más cómodo ejercer el derecho a gastar sin la odiosa obligación de recaudar impuestos a potenciales votantes.

Desde el otro lado del mostrador, el poder que representa tener la mano en el grifo de miles de millones de pesos es una tentación que muchos gobernadores debieron soportar.

Quizás quienes desoyeron el mandato constitucional presten más atención al acuerdo con el FMI en el que la Argentina se compromete a que en agosto de 2004 la nueva ley estará sancionada y cada Legislatura provincial adherirá. ¿Se hará en diez meses lo que no se pudo hacer en nueve años?

De todos modos, debe tenerse en cuenta que el compromiso de sancionar una nueva ley de coparticipación es un clásico en la historia de las cartas de intención. Aunque cada vez es más estrecho el margen para eludir la responsabilidad de ordenar las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias.

Así parece haber sido entendido por el gobierno, que ya designó una comisión abocada a la discusión por la nueva ley. Un gesto para no pasar por alto, ya que a lo largo de años de seminarios, borradores, proyectos y anteproyectos, el debate nunca había adquirido el status institucional. Es más, no mereció un segundo de debate parlamentario. ¿Habrá llegado la hora?