El proyecto que propone el gobierno excluye Ganancias de la distribución

Coparticipación: la Nación quiere cinco puntos más para su tajada

La iniciativa fija premios y castigos y mecanismos de redistribución, pero deja algunas indefiniciones

El apoyo a las provincias que realizan los mayores esfuerzos por el ordenamiento fiscal, la implantación de un promedio móvil en las transferencias para neutralizar los efectos de la volatilidad de la recaudación y una tajada de cinco puntos porcentuales más en la distribución primaria son los aportes más destacados de los lineamientos básicos del gobierno de presidente Néstor Kirchner para la futura ley de coparticipación federal de impuestos.

No obstante, la iniciativa "K" tiene varios puntos que, al no tener una definición precisa, dejan abierta la posibilidad de una nueva serie de parches posteriores, tal como sucedió en los últimos catorce años tras la sanción de la ley 23.548.

Entre las pauta oficiales que se discutirán en la mesa de negociaciones no se incluye al impuesto a las ganancias dentro de la masa coparticipable, se mantiene -por omisión- la actual división entre provincias con cajas previsionales transferidas y no transferidas a la Nación y se crea un organismo con atribuciones superpuestas con la Comisión Federal de Impuestos.

Asimismo, se dejan en pie todos los fondos específicos existentes, se crea un "fondo ecualizador de transferencias" del que no se tienen precisiones y se deja para un debate legislativo posterior nada menos que la responsabilidad fiscal de cada una de las jurisdicciones.

Los lineamientos básicos de la discusión fueron enviados a las provincias en julio de este año, pocos días después de la asunción de Kirchner, por lo que se descuenta que gran parte del trabajo provino directamente del Ministerio de Economía, si se tiene en cuenta que para entonces Roberto Lavagna llevaba más de un año al frente de la cartera.

Paradójicamente, el Palacio de Hacienda no estará representado en la comisión negociadora del gobierno, integrada por referentes de la Jefatura de Gabinete (Juan Carlos Pezoa), el Ministerio de Planificación (Daniel Cameron) y el bloque justicialista de Diputados (el bonaerense Jorge Sarghini, ex secretario de Hacienda de Lavagna durante la gestión de Eduardo Duhalde).

Si los gobernadores guardaban la esperanza de salir de las ruedas de negociaciones con saldo a favor, conviene que vayan tomando nota sobre las pretensiones nacionales:

* La Nación busca una tajada mayor en la distribución primaria: ante el 42,34 por ciento que le asigna la ley actual (claro está, recibe mucho más tras las sucesivas modificaciones) pretende obtener el 47 por ciento con la nueva ley.

* Sin embargo, el porcentaje puede ser mucho mayor en términos reales: el impuesto a las ganancias no se coparticipará y se destinará íntegramente a costear el déficit previsional nacional.

* Si a eso se le agregan los ingresos por retenciones (tampoco coparticipables), el temor de las provincias es que esos dos tributos pasen a ser el eje del financiamiento nacional y que las rebajas de alícuotas se realicen sobre los impuestos coparticipables.

No hay más que prestar atención a las declaraciones de funcionarios que, al hablar de disminuciones en gravámenes, señalan al impuesto al cheque.

En otro orden, el proyecto oficial hace propias algunas de las propuestas que circularon en los últimos años.

Una de ellas es la adopción de premios y castigos a las jurisdicciones conforme a su comportamiento fiscal. No obstante, las asignaciones a tal fin serían bastante escasas: el "esfuerzo fiscal" (no se precisa de qué forma se lo mide) se premiará con el 20 por ciento del excedente que dejen los promedios móviles.

Justamente los promedios móviles constituyen la segunda novedad. Para evitar las oscilaciones propias del ciclo económico, se propone que las transferencias de cada mes resulten del promedio del último semestre.

Por ejemplo, si los montos a transferir equivalen a 100 en enero, 120 en febrero, 90 en marzo, 140 en abril, 170 en mayo y 160 en junio, el total a distribuir en julio será de 130 y del eventual sobrante, un 20 por ciento se destinará a premiar al esfuerzo fiscal.

El 80 por ciento restante de ese sobrante (eventual, porque si la recaudación tiende a bajar habrá faltante) pareciera estar diseñado a la medida de las grandes provincias y, en especial, la de Buenos Aires: 30 por ciento se distribuirá por Producto Bruto Geográfico, 20 por ciento por población y 30 por ciento por necesidades básicas insatisfechas, tres variables en la que los bonaerenses llevan la delantera.

Por eso, y en resguardo ante seguros reclamos del resto de las provincias, se dispondrá de un Fondo Ecualizador de Transferencias, que buscará compensar a los distritos perjudicados con los cambios.

Pero el riesgo latente de la iniciativa oficial se encuentra en lo que deja pendiente. Las normas de responsabilidad fiscal para la Nación y las provincias serán motivo de análisis de otra ley, que se debatirá después de la sanción de la coparticipación.

Nada garantiza un rápido tratamiento, menos después de una demora de siete años para aprobar la primera de las leyes requeridas.

La ausencia de ese "cepo" fiscal, sumada a la continuidad de los fondos específicos y de impuestos que la Nación manejará fuera del régimen de coparticipación, deja varias zonas oscuras que podrían dar lugar a reclamos cruzados con el correr del tiempo.

En consecuencia, la posibilidad de nuevos pactos fiscales, leyes correctivas y otros "parches" seguirá latente.