Desaparecidos. El juez citó para hoy al general Luciano Benjamín Menéndez

Bussi quedó detenido tras declarar ante un magistrado tucumano

El represor e intendente electo de la capital tucumana, Antonio Bussi, quedó detenido ayer a raíz de la investigación del secuestro y desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.

Tras rechazar el pedido del titular de Fuerza Republicana (FR) de que se inhiba y gire la causa a la Justicia militar, el juez federal de Tucumán, Jorge Parache, dispuso el arresto del ex jefe del Comando de la V Brigada, quien fue trasladado ayer por la tarde al Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid, donde cumplirá el arresto.

En compañía de su hijo, el diputado nacional Ricardo Bussi, y del ex concejal de FR Pablo Calvetti, el represor llegó a los Tribunales Federales a las 7.45 -una hora y cuarto antes de la hora en que había sido citado- e inmediatamente presentó un escrito de 13 fojas, en el que le pidió al juez que no siga actuando.

Mientras un puñado de militantes de organismos de derechos humanos esperaba afuera de los Tribunales, Calvetti confirmó que Parache había rechazado el requerimiento de Bussi y que había ordenado su detención, aunque por la edad le concedió el arresto domiciliario y eligió el Liceo Militar como lugar de detención.

La semana pasada el juez Parache se había declarado competente y decretó la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida para el caso concreto, tras lo cual citó a prestar declaración indagatoria a seis militares; entre ellos Bussi, a quien le imputó los delitos de "homicidio calificado con enseñamiento y alevosía, allanamiento ilegal y asociación ilícita".

"La privación ilegítima de la libertad de Vargas Aignasse es de carácter permanente y se continúa realizando, toda vez que se ignora su paradero", aseveró el magistrado, ante quien deberán declarar Luciano Benjamín Menéndez (hoy), Arturo González Naya (mañana), Antonio Arrechea (el lunes 20), Juan Sirnio (el martes 21), Marcos Hidalgo (el miércoles 22) y Luis Oviedo (el jueves 23).


El fantasma de la guerra sucia
En su escrito, Bussi insistió en que participó de "una guerra contra la agresión marxista-leninista" y que, aunque se le adjudique terrorismo de Estado, "las operaciones fueron en cumplimiento de un mandato expreso de un gobierno constitucional (el de Isabel Martínez de Perón) y del sagrado deber militar".

Aunque Calvetti aseguró que no había recibido ninguna notificación de la citación de Parache y de que Bussi se enteró ayer por la prensa, hace dos días el titular de FR presentó un escrito ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y le pidió que intervenga en cumplimiento de la ley 23.049.

Esta ley "modificó el Código de Justicia Militar y estableció que el Consejo Supremo, mediante un procedimiento sumario, conocerá de los delitos imputables al personal militar que actuó entre el 24 de marzo de 1976 y el 26 de septiembre de 1983", manifestó el ex represor en su escrito.

Luego de que Parache desestimara su presentación, Bussi se negó a declarar como imputado, argumentando que sólo lo haría ante su juez natural -es decir, uno militar-, tras lo cual se dispuso su detención y se le asignó como defensora oficial a María Molina de González Olasso.

Un momento de gran tensión se vivió en las puertas de los Tribunales tucumanos cuando Calvetti salió del edificio y fue atacado a huevazos en la espalda por parte de militantes de los organismos de derechos humanos que lo insultaban y gritaban: "Con Bussi y Massera presos, todo el año es carnaval".

Bussi quedó detenido a quince días de la fecha prevista para su asunción como intendente y a un mes y diez días de que fuera liberado del arresto domiciliario que cumplió en Buenos Aires, por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, ante el pedido de extradición del magistrado español Baltasar Garzón contra 45 militares.

El represor y ex gobernador tucumano Antonio Bussi