Año CXXXVI Nº 49978
Política
Economía
La Ciudad
Información Gral
Opinión
La Región
Escenario
El Mundo
Policiales
Página Solidaria
Cartas de lectores


suplementos
Ovación


suplementos
ediciones anteriores
Educación 27/09
Campo 27/09
Salud 24/09
Autos 24/09


contacto

servicios

Institucional

 lunes, 29 de septiembre de 2003

Reflexiones
Un programa de nutrición y alimentación

Angel Fernando Girardi (*)

Hace más de nueve meses nuestro Congreso sancionó, el 27/12/2002, la ley 25.724 mediante la cual se creó el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. Al día de la fecha, poco se ha hecho para llevar a la práctica todas las medidas previstas en el cuerpo legal, siendo que, si apostamos al futuro de nuestra Nación y al bienestar de nuestros hijos, no hay tema más urgente que éste. Por ello consideramos oportuno llamar la atención de todas las autoridades que están involucradas en la norma, a fin de que ejecuten decididamente su mandato y no tornen letra muerta esta buena ley, que beneficiará a miles de compatriotas.

Hoy está bien claro que la falta de nutrientes indispensables entre la gestación y los dos primeros años de vida deja secuelas generalmente irreversibles. Los niños en crecimiento tienen altas necesidades de energía y proteínas y son más vulnerables a las infecciones. Los estudios realizados en los últimos años revelan que la desnutrición prevalente en la Argentina se ha reflejado en el déficit de talla, alcanzando hasta un 12,9% de los niños atendidos en hospitales, siendo Chaco y Tucumán las provincias con mayores porcentajes. Por otro lado, a mayo de 2002, los menores de 18 años indigentes alcanzaban al 34.1%, porcentaje alarmante si se tiene en cuenta que para octubre del 2001 dicho guarismo se ubicaba en el 18.9%.

Las estadísticas son claras y graves, deben ser atendidas con la seriedad que el caso indica: en el año 2000 registramos un promedio general nacional del 7.2% de niños con bajo peso al momento de nacer; una mortalidad infantil del 16.6 por mil, en menores de cinco años el porcentaje es del 19.3%; como cierre de este círculo nefasto, tenemos que las madres son cada vez más jóvenes y menos capacitadas intelectualmente, a punto tal que el promedio de ellas sin haber terminado la escuela primaria se ubica en un 11% (cabe preguntarse qué ideas e información correcta pueden llegar a tener de cómo alimentar a sus hijos a lo largo de su desarrollo). Es evidente que la desnutrición tiene por principales aliadas a la indigencia y a la falta de información, a quienes hay que atacar frontalmente.

Nuestro país, si bien ha tenido en el pasado una excelente atención hospitalaria sostenida por el Estado, con excelentes médicos egresados de universidades estatales, es muy poco lo que se ha hecho en materia de prevención de la salud, teniendo en cuenta la alimentación básica que debe tener, sin excepción, toda la población.

Nadie puede hoy poner en discusión que el desarrollo económico de un país se mide mostrando paralelismos con los indicadores del sector social y por lo tanto con los de salud, educación, vivienda, representando por cierto el nivel de salud la cabal expresión del nivel de vida. Una mejor calidad de vida se logra, sin dudas, con la modificación conjunta de los parámetros enfermedad, educación y pobreza. Cualquier acción aislada sobre los mismos tornará estéril todo trabajo a largo plazo.

Las malas condiciones sanitarias, los bajos niveles de capacitación y educación, la menguada vocación para el trabajo, la ínfima capacidad de ahorro y el cuadro de actitudes negativas para salir de la pobreza constituyen los obstáculos básicos para incrementar la productividad y hacer posible un aumento de la riqueza, la que, con una solidaria distribución de la misma, sea capaz de modificar esta situación.

Ante este difícil panorama, que brevemente he esbozado, el Estado en todos sus órdenes no puede seguir actuando improvisadamente, sin planificación a largo plazo.

El sentido común nos dice que una persona bien nutrida de 60, 80 o más años vive más plenamente y es más útil a sí misma y a la comunidad que una de la misma edad a la que le faltó la correcta alimentación y por ende padece un sinnúmero de achaques, cuyos remedios y atención médica le es imposible solventar y es el Estado quien debe asumir tal costo negativo, detrayéndolo de otros fines económicamente más importante. Vale decir, esta mala "praxis" del Estado de no prevenir en un tema tan básico, atenta contra la vida del ciudadano, ya que no lo protege cuando debiera y lo convierte luego en una carga para sí mismo y para sus semejantes.

Es por ello que propongo a modo de una primera solución, que desde el Estado nacional, en coordinación práctica con los estados provinciales, municipales y los organismos competentes, se ejecute de inmediato el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional creado por ley 25.724. Para concretar el mismo, debería determinarse una canasta alimentaria básica y variada, que contemple la ingesta óptima y necesaria de proteínas, vitaminas y demás componentes nutricionales para el correcto desarrollo físico desde el embarazo hasta la longevidad. En el caso de las personas carenciadas o que están por debajo del nivel de pobreza, además de la información, se le debe poner a su alcance dicha alimentación en forma gratuita y continua, hasta tanto revierta su situación económica. Ello se puede y debe canalizar a través de las instituciones sociales de base como son los comedores escolares, iglesias, organismos estatales y organizaciones no gubernamentales.

A modo de prevención, el Estado debe contratar ya en forma permanente a profesionales nutricionistas, quienes deberán dictar clases periódicamente en todos los establecimientos primarios, secundarios y centros comunitarios, instruyendo sobre las necesidades básicas alimentarias, en base a un plan que contemple los alimentos de la zona y el menor costo posible de los mismos. Estas contrataciones no son un gasto improductivo para la Nación, sino una inversión indispensable para su presente y futuro como tal.

Es hora de que dejemos de ser pasivos, si apostamos a sacar al país de la crisis, a crecer y dejar un mejor futuro a nuestra posteridad, tenemos el derecho y el deber de exigirle al Estado que no derroche el dinero que con grandes sacrificios le aportamos y lo aplique, fundamentalmente, para hacer tan sólo lo esencial, que, en definitiva, es lo más simple: velar para que el soberano coma bien en un país donde se producen alimentos en exceso, la salud viene entonces por añadidura. Esta es una excelente inversión y no debemos dejar de hacerla, pues sin salud es difícil educarse y, mucho menos, trabajar digna y provechosamente.

(*) Doctor en derecho y productor agropecuario

enviar nota por e-mail

contacto
buscador

  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados