Entre los bienes y las personas

Hernán Lascano / La Capital

Frente a la concreción de un delito en una calle atestada de gente, el responsable de una fuerza de seguridad o de vigilancia privada no parece tener mucho más que dos alternativas: intervenir para oponer resistencia al ilícito o no intervenir.

La primera opción puede implicar, con mucha fortuna, la interrupción del daño si se consigue dominar a los delincuentes. Si la intervención es en un marco colmado de público, no obstante, lo más probable es que todo termine como terminó ayer. El daño ocasionado a la entidad perjudicada no solamente no consiguió ser evitado sino que fue largamente extendido con el grave daño hacia vidas humanas. No es una exageración sostener que dos personas, también más, pudieron morir ayer en Mitre y San Lorenzo.

La segunda opción, no intervenir, implica con toda probabilidad la concreción del delito.

La mención de las opciones constituye una obviedad. Lo que no es obvio en la provincia de Santa Fe es qué opción debe privilegiarse hoy. Porque no hay un claro criterio público de seguridad, que debe emanar de una decisión política también pública y pregonada, sobre cómo debe actuar un policía o un custodio en estos casos.

La opción de fondo es, en definitiva, privilegiar los bienes o las personas. Lo que debe saberse es que inclinarse por una alternativa implica la alta probabilidad de perder la otra. Si se resuelve no disparar a delincuentes que huyen tras arrebatar un maletín lo más seguro es que el contenido del maletín sea irrecuperable. Si se resuelve disparar lo que puede resultar irrecuperable es la vida de algún peatón desafortunado. Y ni siquiera existirá, como lo prueba el hecho de ayer, la garantía de recuperar el bien sustraído.

El 5 de enero de 2000, tras un asalto a la financiera Provencred, un gendarme puso una rodilla en tierra y abrió fuego, en San Martín al 5300. Eran las 11 de la mañana y la calle bullía de gente. El uniformado consiguió abatir al ladrón pero los testigos lo increparon porque, dijeron a viva voz, había puesto en riesgo a decenas de transeúntes. Cuando La Capital le preguntó al por entonces ministro de Gobierno de Carlos Reutemann qué debía privilegiar un oficial de seguridad ante tal contexto y cómo debía conducirse, el funcionario replicó haciendo foco en el caso particular: "Acá hubo un asalto interrumpido, un delincuente abatido y ningún civil herido. Esgrimir otro criterio significaría dejar que todos los asaltos se desarrollaran tranquilamente. Yo al gendarme lo condecoraría".

Ayer, en una circunstancia muy comparable a la del robo a Provencred, hubo una acción similar. Esta vez hubo baleados y si no hay muertos inocentes es por casualidad. El pragmatismo de los resultados parece poco aconsejable, por consiguiente, para dirimir cuál debe ser el criterio frente al delito flagrante en un lugar con público. Lo imprescindible es un claro mensaje de gobierno para que, en un contexto donde estos delitos se reiterarán sin duda, los criterios de intervención sean inequívocos, porque habrá vidas en juego. Esta vez parece improbable que, a la luz de lo ocurrido, alguien pueda proponer una condecoración para el custodio de ayer.

Bajo una moto quedó una esquirla de plomo.