Duro informe sobre la situación de los presos

La Coordinadora de Trabajo Carcelario denunció ante la ONU que "se violan todas las normas legales"

La Coordinadora de Trabajo Carcelario denunció ayer ante la Organización de Naciones Unidas la situación de los presos en la provincia y aseguró que el poder político "viola todas las disposiciones nacionales e internacionales" sobre tratamiento de personas detenidas y "se niega a obedecer las órdenes judiciales" de desalojar los penales de las comisarías de Rosario. En un encuentro que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, el organismo de derechos humanos calificó de "sistema inútil" a la política de encierro de menores en conflicto con la ley.

El informe denunció un agravamiento en la situación de las personas privadas de libertad en Santa Fe durante los últimos ocho años, que atribuyó a cuatro causas: la falta de política penitenciaria del gobierno, una mayor morosidad judicial, el endureciminto de la legislación sobre excarcelaciones y una política de exclusión social. Esos factores, entre otros, tienen como consecuencia el incremento de la población privada de libertad sin condena.

El aumento de la población carcelaria en Rosario fue de 894 detenidos en el año 2000 a 1.182 en 2003, casi un 33 por ciento más de personas que fueron alojadas sin realizar reformas edilicias. "Cada comisaría triplica o cuadriplica su capacidad, lo que obliga a que los detenidos tengan que turnarse para dormir, ya que no entran todos acostados al mismo tiempo", dijo la Coordinadora.

El hacinamiento, el contagio de enfermedades y la falta de atención médica "generan condiciones de violencia que se expresan en numerosas medidas de fuerza tomadas por los internos que van desde huelgas de hambre a motines que llevan un deterioro físico y psíquico". Dos de esos motines provocaron la muerte de 20 personas, 5 de ellas en la comisaría 15ª en 1996; y 15 en la 25ª, en 2000.


La utopía de la reinserción
El penal de la comisaría 17ª tiene un espacio de 14,8 metros cuadrados. Luego de la presentación de un recurso, la Justicia dictaminó que no debía albergar más de 5 personas. Fue en agosto de 2000 y había 29 internos. Si bien la cantidad de detenidos bajó durante los primeros días, el 21 de julio de 2003 había 37 detenidos en esa seccional. "Las visitas no pueden entrar, pero las que entran salen descompuestas. Es imposible higienizar el lugar, el olor se siente al entrar en la comisaría. Esta situación es un paradigma de lo que ocure en todas las dependencias policiales", sostuvo el informe. Una evolución similar presentan los seguimientos de habeas corpus en las seccionales 20ª, 16ª, 18ª, 3ª, 7ª y 26ª.

En total, son 17 las seccionales recurridas en las cuales las órdenes judiciales no se cumplen. "Es una ratificación de la desobediencia en la que incurren los distintos funcionarios estatales y del ministerio de Gobierno de la provincia. A esta altura la política en materia penal no tiene excusas, ni explicación. Se han violado por parte del Estado todas las disposiciones legales nacionales e internacionales".

La situación en los penales de menores es similar. Después de varios recursos, los cuatro penales se redujeron a dos, a los que se sumó el Instituto de Recuperación para el Adolescente Rosario (Irar). El informe denunció el fracaso del sistema tutelar que resuelve encarcelarlos.

"En los largos años que venimos trabajando resulta doloroso ver que aquellos niños que ayer se encontraban detenidos, supuestamente para su tutela, hoy se encuentran detenidos como mayores, en algunos casos sin solución de continuidad. Ello patentiza la inutilidad total de la privación de libertad de los menores que de manera alguna redunda en su socialización, sino más bien todo lo contrario", concluye el informe.

La Coordinadora indicó que el único proyecto de las autoridades para la cárcel de Coronda es la ampliación de los pabellones existentes, aunque "sin aumento del personal, de profesionales (médicos, psicólogos, trabajadores sociales), ni las raciones de comida". A esas ausencias se suman la ausencia de todas las actividades terapéuticas asistenciales encaminadas a la reinserción de los condenados y la postpenitenciaria. Dentro del régimen de convivencia, señalaron la arbitrariedad de los criterios para definir el concepto, en base al que se define la locación y beneficios a los que pueden acceder los presos.

El informe afirmó que la peligrosidad de los internos se califica por su adecuación a las normas del Servicio Penitenciario y no por evaluaciones técnicas, y a la vez denunció la "arbitrariedad" de las sanciones. Tales cosas "significan la legalización de una ejecución de la pena en condiciones crueles, inhumanas y degradantes".