Crece la polémica por la quita sobre los títulos en default

Las AFJP dicen que sus afiliados perderán un 30% de sus ahorros

Las compañías insisten con su propuesta de alargar plazos pero sin afectar el capital previsional

La aplicación de una quita de 75% sobre los títulos públicos en default en manos de las AFJP implicaría una pérdida del 30 por ciento en los ahorros de los afiliados, advirtió ayer el presidente de la Asociación Ejecutiva de Fondos de Pensiones, Horacio Canestri.

Frente a ello, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, insistió ayer en que la oferta de reestructuración de pagos de los títulos de la deuda defaulteados "es realista" y les recordó a las AFJP que "es mucho mejor tener títulos de un país que paga, que de uno que no paga".

"Veo a las AFJP quejarse mucho por la posibilidad de que, como consecuencia del default, sufran una pérdida nominal en el valor de sus títulos. La realidad es que es mucho mejor tener títulos de un país que paga, que uno que no paga y lo que tienen hoy son los de un país que no paga", replicó Fernández.


La propuesta de las AFJP
Por su parte, Canestri indicó que hace tiempo que las AFJP elevaron una propuesta al gobierno para reestructurar la deuda con las administradoras, bastante similar a la realizada por el ministro Lavagna, para quienes prefieran cobrar en el largo plazo y con una quita menor.

El ejecutivo precisó que "desde mediados del año pasado o antes, hicimos una propuesta al gobierno que consistía en acomodar los plazos, tasas y períodos de gracia para el cobro de los títulos a las exigencias de un país que estaba acosado por una situación financiera muy fuerte".

"Esta propuesta hasta el momento no ha tenido respuesta", subrayó y destacó que "fue taxativamente explicada en cuanto a que los plazos podían extenderse hasta 30 años, partiendo de plazos menores de 15 años".

El jefe de Gabinete refirió que la propuesta de quita de 75 por ciento hecha a los acreedores privados es equitativa. Aunque reconoció que ningún acreedor "se pone contento", lamentó, en aparente alusión a las AFJP, que "algunos despotriquen más de la cuenta".

Por otra parte, la diputada del ARI, María América González, presidente de la comisión de la Tercera Edad, consideró esencial una reforma del sistema previsional y recordó que presentó un proyecto de reforma del sistema previsional.

"Pero mientras tanto se discuta, enfatizó la legisladora, se debe dejar que sea el trabajador quien decida, libremente, donde pone su dinero".

Mientras tanto, el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Alfredo Conte Grand, sostuvo que es necesario un pronto rediseño del régimen previsional vigente "para adaptarlo a los cambios que se registraron en la economía del país, en el mercado del trabajo y en lo social".

"El actual sistema integrado, entre el Estado a través del régimen de reparto, y el de capitalización privada, tiene que reformarse para lograr que todos puedan acceder a la cobertura social de jubilación y de pensión", refirió el funcionario, quien remarcó que dicha reforma debe producirse "en el marco del debate y el consenso entre todos los actores sociales".

Según estimaciones, en el año 2050 el 23% de la población de la Argentina superará los 60 años y sólo el 39% de ésta podrá jubilarse en base al sistema actualmente vigente.

Conte Grand refirió que "desde hace mucho que los dos regímenes tienen problemas, porque en el de reparto al Estado le cuesta cumplir con la obligación que le asigna la ley, y en el de capitalización, a los privados les cuesta manejar esos fondos que han ido a parar a papeles del Estado que luego entraron en default".

El funcionario recordó que "hay una parte de esos papeles (títulos públicos) cuya compra fue una obligación dispuesta por el ex ministro (de Economía, Domingo) Cavallo", aunque "por otra parte, hubieron decisiones de inversión anteriores en papeles del Estado que tomaron las propias AFJP, al punto en que hoy casi 70 por ciento de sus fondos están invertidos en papeles del Estado".

Conte Grand dijo que en el gobierno "hay toda una discusión sobre una serie de lineamientos referidos a la reforma del sistema", y puntualizó que "el Ministerio de Trabajo sostiene que una definición sobre un futuro régimen no se puede tomar sin la participación de todos los actores sociales para llegar a un buen rediseño".