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 sábado, 13 de septiembre de 2003

Concejales de San Jorge impulsan una auditoría a la Municipalidad
Declaraciones del intendente sobre un saldo positivo de 400 mil pesos encendieron una fuerte polémica entre ediles

Luis Emilio Blanco / La Capital

San Jorge.- En una acalorada sesión extraordinaria que contó con la activa participación del público, el Concejo aprobó anteayer por mayoría un anteproyecto que dispone la realización de una auditoría contable de carácter externo para conocer el estado económico financiero del municipio.

Luego de una agitada campaña proselitista, la cuerda entre las distintas facciones políticas volvió a tensarse por las declaraciones radiales del intendente Enrique Marucci -reelecto el domingo pasado- dando cuenta de que el municipio cuenta con un balance positivo de 400 mil pesos, situación que no fue debidamente informada al Concejo en contravención a lo dispuesto por la ordenanza de contabilidad vigente y que originó la medida analizada.

El martes próximo los concejales tratarán en comisión otro anteproyecto -presentado en junio pasado por el sector vecinalista- por el cual se pretende formar una comisión investigadora para analizar las pruebas que se enviaron a la Justicia endilgando al intendente "una presunta malversación de fondos y peculado". Según esa presentación, "Marucci habría pagado su tarjeta de crédito con fondos municipales, entre otras irregularidades".

El jueves, al debate entre los ediles se sumaron unas ochenta personas que sabían que en la oportunidad se trataría la iniciativa sobre un pedido de auditoría al municipio. A poco de iniciada la reunión la presidenta del cuerpo, Cristina Berra, permitió que el público opinara sobre el asunto, lo que derivó en un debate con características de asamblea popular que desde diversos sectores presionó para que los ediles votaran afirmativamente la inspección de las finanzas.

Luego de aprobar el anteproyecto, los concejales decidieron sesionar nuevamente ayer para nombrar a los profesionales que llevarían a cabo la auditoría, pero la reunión fracasó porque tres ediles no dieron quórum. La actitud fue criticada por Roglich diciendo que sus pares "Berra, Turina y Pivetta no se presentaron para dilatar los plazos".

"Las ausencias denotan que tienen la intención de hacerle ganar tiempo al Ejecutivo. Es una vergüenza y una falta de respeto a la ciudadanía", enfatizó Roglich, al tiempo que se preguntó: "De qué tienen miedo, si todo fuese tan transparente como dicen abrirían la Municipalidad para que los concejales y la población se enteren del estado de sus finanzas".

El desarrollo de la sesión del jueves fue seguida con expectación por el público desde la barra, tanto por el voto como por la fundamentación de cada uno de los ediles. Los vecinalistas Roglich y Gorosito -autores del anteproyecto- votaron a favor al igual que los justicialistas Turina y Roggero, pero este último propuso que el plazo sugerido -desde el 1º de enero de 2003 al 31 de agosto-, se remonte hasta 1993 y que también abarque a la gestión de la totalidad de los concejales.

A pesar de haberse mostrado a favor de una investigación, el radical José Luis Pivetta votó en contra del proyecto vecinalista, al igual que la presidenta Berra, quien argumentó la necesidad de asesorarse con la Secretaría de Municipios y Comunas.

En su mensaje antes de la votación, Turina denunció haber recibido graves amenazas y al cierre de esta edición Roglich estaba presentando una denuncia en la comisaría por la misma causa. "Me dijeron que si seguía adelante con ese tema me harían boleta", contó Roglich y aseguró que además le hicieron llamadas telefónicas del mismo tenor a sus familiares.


Sin inconvenientes
Ante una consulta de La Capital sobre el tema debatido en el Concejo, la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Municipios y Comunas, Ethel Mustafá, dijo que "en principio no existen inconvenientes para que se ordene una auditoría, pero habría que estudiar con detenimiento la ordenanza contable local y todas las normas existentes al respecto en el municipio".

La funcionaria explicó que "los concejales pueden contratar a cualquier contador para hacer un informe pero después tienen que hacerlo propio, y con su aval y ante la presencia de irregularidades tomar las medidas pertinentes, que pueden consistir en no aprobar alguna cuenta del presupuesto o hacer las denuncias penales que crean convenientes".

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Los consejales en la presentación de los cargos.

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