Lo consideran viable por la nulidad de las leyes del perdón

Familiares de desaparecidos piden reabrir la causa Feced

El objetivo prioritario es que se investigue a quienes operaron en la cárcel clandestina Quinta de Funes

Jorge Salum / La Capital

Las esposas y un hijo de dos personas detenidas ilegalmente y desaparecidas en 1977 en Rosario pidieron ayer al juez federal Omar Digerónimo que reabra la investigación de la red local del terrorismo de Estado impuesto por la última dictadura militar en la Argentina. Los familiares de los desaparecidos basaron su pedido en la reciente anulación por parte del Congreso Nacional de las leyes de punto final y obediencia debida, y exigieron la reactivación de la denominada causa "Agustín Feced y otros", que incluye la mayoría de las operaciones de secuestros, asesinatos y desapariciones perpetrados a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Digerónimo atendió en su despacho a quienes le hicieron el pedido, pero no anticipó si reactivará o no la investigación de estos episodios.

El pedido para reabrir una investigación judicial que debería dilucidar quiénes fueron los responsables y los ejecutores de las desapariciones en esta región del país fue realizado por la diputada nacional Alicia Gutiérrez, por su hijo Eduardo Tonioli (de la organización Hijos) y por Cecilia Nazábal. Los tres presentaron un escrito como querellantes de la causa, patrocinados por los abogados Nadia Schujman, Vildor Garavelli, Ana Oberlin, Gonzalo Stara, Matilde Bruera, Amilcar Monti, Norberto Ferrari, Valeria Rosso Ponce, Juan Lewis y Lindolfo Bertinat.

Gutiérrez ya había realizado la semana pasada un pedido similar al juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, en cuyo juzgado también se investigan episodios similares.


Un sitio emblemático
La diputada Gutiérrez es la esposa de Eduardo José Tonioli y Nazábal es la mujer de Fernando Dante Dussex. Ambos fueron secuestrados por grupos de tareas en 1977. Según el testimonio del sobreviviente Jaime Dri, estuvieron detenidos con él en la Quinta de Funes. Este centro de detención clandestina funcionó en la esquina de la Ruta 9 y calle San José, en Funes. "Es el último lugar donde lo vieron vivo a Fernando", recordó ayer Nazábal.

Dri, quien antes de ser secuestrado fue diputado nacional y después testificó sobre lo que padeció y presenció en Funes, reveló en México que en esa cárcel ilegal hubo por lo menos 16 personas en su misma situación, y que entre ellos estaban Dussex y Tonioli.

La desaparición de esas personas habría sido ordenada directamente por quien en esa época era amo y señor del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri. Las operaciones estuvieron a cargo de grupos de tareas conformados por militares, agentes de inteligencia y civiles que dependían directamente del ex general, que muchos años después fue procesado como responsable del robo de hijos de desaparecidos durante la misma época.

Entre los jefes de esos grupos de tareas estaban los militares Pascual Guerrieri y Rubén Fariña, y también el agente de inteligencia Eduardo Constanzo. Este último, conocido como el Tucumano, es el único que alguna vez declaró en el marco de esta causa, aunque no aportó ningún dato y súbitamente se olvidó de todo y de todos.

La Quinta de Funes fue una de las siniestras creaciones de Galtieri. El general que años después encabezaría la trágica aventura de las Islas Malvinas quiso montar allí una operación de contrainteligencia, que consistía en secuestrar a militantes montoneros y torturarlos para tratar de infiltrar a la organización guerrillera. Según el periodista Miguel Bonasso, su objetivo final era asesinar al líder Mario Firmenich, quien por esa época se ocultaba en México.

Gutiérrez dijo ayer que la Quinta es un lugar "emblemático" por lo que representó para el esquema de represión ilegal y la desaparición de personas que montó Galtieri en aquellos años.

La diputada criticó una vez más las leyes de punto final y obediencia debida ("jamás debieron ser sancionadas", dijo) y sostuvo que su anulación abre "algunas expectativas" en torno a la posibilidad de identificar a los responsables de las desapariciones y asesinatos ocurridos durante la dictadura que concluyó en 1983. "Claro que eso dependerá una vez más de la voluntad de los jueces, que hasta ahora no hicieron prácticamente nada para descubrir a los responsables y sancionarlos, al menos en Rosario", disparó.


Un reclamo insistente
Gutiérrez, Tonioli, Nazábal y el grupo de abogados que los acompañan, todos con una reconocida militancia en la defensa de los derechos humanos, ya habían pedido a la Cámara Federal de Rosario, en diciembre del año pasado, que declarase la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Seis meses después, la Cámara dijo que no era competente para pronunciarse en ese sentido y sostuvo, en cambio, que corresponde al juez de primera instancia Omar Digerónimo resolver el tema.

Ahora, ante la anulación de esas leyes por el Parlamento, el grupo se limitó a pedir la aplicación de esa nulidad en esta causa y exigir su reapertura. "Esto tendría que ser automático", razonó ayer Nazábal.

El objetivo de mínima de los querellantes es que la Justicia indague a todas las personas sospechadas de haber participado en la represión ilegal en Rosario y alrededores, y específicamente a quienes puedan haber operado en la Quinta de Funes.

Técnicamente, esto sólo será posible si Digerónimo reabre la causa Feced, un ex gendarme que fue interventor de la policía provincial y comandó las operaciones de represión ilegal, asesinatos y desapariciones ejecutadas por esa fuerza en Rosario y la región. Las desapariciones de la Quinta de Funes son apenas una parte de ese voluminoso expediente, que tiene 43 cuerpos y casi 9.000 fojas pero, paradójicamente, no registra ni un sólo procesado.

Familiares de desaparecidos quieren saber qué pasó