Prisión con precio. El detenido figuraba como abonado

Revelan que la policía gestionó la TV por cable para un preso del penal VIP

Denuncian que el recluso que medió en el motín de la alcaidía fue castigado con un traslado a Coronda

El servicio de televisión por cable que había sido instalado en el penal VIP que presuntamente funcionaba en la alcaidía de la ex Jefatura de Policía fue solicitado por un policía y se hallaba a nombre de uno de los presos alojado en el lugar.

Fuentes de la empresa Cablehogar informaron ayer que el servicio fue solicitado por un policía de nombre Mariano, que corresponde a uno de los policías que, según las denuncias de los presos comunes, estaba dedicado a la atención del penal VIP y al cobro de la recaudación de los servicios.

El policía de la alcaidía -descripto por los denunciantes como "único en su tipo" por los manejos que supuestamente desplegaba- gestionó el servicio full de Cablehogar, que primero estuvo a su nombre y luego fue transferido a Carlos Ernesto Viola, uno de los internos de la alcaidía.

Los empleados de Cablehogar, según trascendió, fueron atendidos en la ex Jefatura por un policía y en todo momento se les indicó que el servicio que iba a recibir el preso era en beneficio de la Unidad Regional II.

El servicio Full incluye los 76 canales que tiene cualquier abonado al canal de cable más dos ofertas muy atractivas: un paquete de películas y dos señales para adultos. Los canales Private Gold y Private Blue emiten cintas pornográficas mientras que la otra variable contiene filmes codificados que pueden verse en Warner Channel, HBO, Movie City y Cine Canal 2, entre otras señales.

El valor del abono mensual es de 37,50 pesos y por el servicio Full los interesados deben pagar un adicional de 18 pesos.


Denuncian represalia
El Servicio Penitenciario de la provincia anunció ayer que realizará una serie de reformas en el edificio de la alcaidía de la ex Jefatura de Policía y advirtió que los presos que "se porten mal" serán trasladados a la cárcel de Coronda. A la vez, la Coordinadora de Trabajo Carcelario denunció que el detenido que oficio de mediador en el motín del sábado pasado ya fue trasladado a la Unidad 1, "lo que constituye una clara represalia".

"El detenido Castaño tuvo un comportamiento excelente para resolver el problema del motín. La situación se destrabó por su intervención. En castigo por eso, lo trasladaron a Coronda", dijo Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario.

En tanto, Armando de Martín, director del Servicio Penitenciario, hizo ayer una breve recorrida en la alcaidía, donde anunció la ejecución de reformas. "Los familiares de los detenidos conocen nuestros reglamentos -advirtió-. Tenemos un régimen de premios y castigos y estamos supervisados por un juez de Ejecución Penal. Pero el preso que tenga mala conducta o provoque disturbios va derecho a la cárcel de Coronda".

Una vez que se concreten los trámites de rigor, el Servicio Penitenciario estará en condiciones de hacerse cargo oficialmente del edificio entre el lunes y martes próximos, según comentó De Martín en diálogo con la prensa. De la recorrida realizada ayer a la mañana, el funcionario sacó las primeras conclusiones. "El estado edilicio de la alcaidía es bastante precario. Por eso vamos la semana próxima haremos algunos traslados para que nuestros técnicos pueden evaluar y realizar las mejoras necesarias", comentó.

La CTC manifestó también su temor por los posibles traslados de otros detenidos. "La alcaidía está a cincuenta metros del ministerio de Gobierno, pero ahora se dan cuenta de que necesita arreglos. Eso es una excusa para sancionar a los preso s que denunciaron la cárcel VIP", indicó Echegoy.

El juez de instrucción Luis María Caterina abrió una investigación en la que participa la Dirección de Asuntos Internos de la policía. Ayer no se descartaba que durante el fin de semana se concreten medidas judiciales de importancia.

"La policía no se puede investigar a sí misma -advirtió la CTC-. Tiene que intervenir el Poder Judicial. Si hay voluntad política, estas cuestiones de coimas que todo el mundo conoce se podrían investigar".

En ese sentido, destacó que "aquí los denunciantes quedan a cargo de los denunciados y los familiares de los presos tienen que testimoniar en la ex Jefatura. Es decir que el juez no les brinda el ambiente de seguridad necesaria para corroborar la denuncia. En vez de proteger a los testigos, se los pone en peligro y se los atemoriza".

La CTC pidió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia que realicen una inspección en la alcaidía, ante la falta de "una investigación imparcial, objetiva e independiente" y para "garantizar la integridad física y psíquica de los denunciantes".

"El Servicio Penitenciario no es garantía de transparencia", dijo Echegoy, quien recordó que "cuando (Arturo) Gandolla era su director se denunció un caso emblemático de corrupción, por el cual se vendió la libertad confundida a un preso". En ese hecho, "la existencia de un rótulo y de una tarifa determinada era indicio de un sistema corrupto, pero la denuncia no fue investigada y a los presos que podían declarar, como parece que va a pasar ahora, se los castigó trasladándolos a otros penales".

El día del motín que detonó el escándalo.