El lunes asumen nuevos funcionarios

Pami: piden despedir a ex gerenta y suspenden licencias gremiales

Praino e Indiviglia, afectados, afirman que las medidas "buscan tapar los errores de la intervención"

El interventor del Pami Rosario, Martín Mansilla, avanzó en su decisión de poner las cosas en orden dentro de la obra social con varias medidas: pidió el despido de la ex gerenta Daniela Valentini y de una abogada del área legales, y suspendió las licencias gremiales de que gozaban los empleados Raúl Praino, Claudia Indiviglia y Ricardo García. Desde el sector gremial le contestaron que "con falsas denuncias se intentan tapar las fallas de esta intervención que no ha cambiado nada".

Según Mansilla, la decisión de suspender licencias gremiales y pago de sueldos a los delegados se tomó porque los afectados no pudieron demostrar su labor en el último mes. En cambio, desde Ate-Pami y la UTI -dos de los gremios a los que pertenecen los dirigentes nombrados- se aclaró que la medida se tomó a nivel nacional, rige en todo el país y que ellos fueron notificados recién el 28 de agosto, por lo que afirman que "es mentira que no pudimos demostrar nuestra actividad como delegados fuera del lugar de trabajo".

El tema generó "una trifulca" en el Pami local. Mansilla contó que "Praino envió una carta documento aduciendo que lo perjudicábamos en su economía familiar. Pero la decisión no es caprichosa. No pudo demostrar que trabajó en los últimos tiempos como corresponde", aseguró.

Según el funcionario, lo mismo ocurrió en los casos de Indiviglia y del administrativo García.

Los representantes gremiales sostienen que la licencia que tenían había sido autorizada en la época del interventor Bramer Markovic y fue abolida el 11 de agosto último por una resolución que llevó el número 138. "Fuimos notificados recién el 28 de agosto", explicó Indiviglia, en una carta documento en la que se consideró "amenazada por el abogado de González Gaviola".

Otro de los empleados observados por la intervención es Rubén Praino, hermano del actual delegado gremial, a quien se le abrió un sumario por rechazar reiteradamente la notificación de una disposición que lo reubicaba en nuevas funciones. El empleado cobraba por trabajar en el área legales en actividades que "no estaban del todo definidas", señaló Mansilla.

Otro caso involucra a Mercedes Gallego y a la integrante del área legales Silvia Fernández. Gallego cobraba sueldo como empleada, pero habría presentado un certificado analítico falso. La obra social abrió en su momento una causa contra la mujer, pero curiosamente, Fernández, asesora legal de la obra social, la defendió. "El Pami accionó contra alguien que fue defendido por una abogada del propio Pami", ironizó Mansilla, quien propuso por esto el despido de la profesional.

No obstante, el abogado defensor de Gallego, Gustavo Feldman, aclaró que la mujer "está jubilada, dejó de trabajar hace años en Pami y la causa estaba prescripta ya en el año 97, cuando se radicó la denuncia.

"Se hizo en su momento un planteo de prescripción de la acción penal", agregó Feldman, y enfatizó que "el argumento de la denuncia también es falso".

En cuanto a Valentini, el interventor aseguró que "firmaba contratos sin autorización del Pami a nivel nacional y sin competencia", y por eso pidió su relevo.


"No cambiaron nada"
Al cruce de estas medidas salió el propio Raúl Praino, para quien "con esto se quiere tapar una intervención que no ha cambiado nada y que ha aumentado los egresos: el sueldo bruto de Mansilla es de 7 mil pesos, y el de su abogado, de 5 mil. ¿No era que nadie podía ganar más que el presidente de la Nación? Lo único que hacen es una caza de brujas", denunció.

Para Praino, "quieren tapar con falsas denuncias lo que no pueden explicar de esta intervención, como haber designado a Silvia Comba, que venía del área privada. ¿No era que la ley de ética impedía estar de los dos lados del mostrador?

Sobre este tema, desde Ate-Pami se informó que Comba fue destituida y que pasado mañana asumirán nuevas autoridades. El interventor del departamento de hospitales públicos (ex Upri) sería el doctor Saninovich, ex presidente de la comuna de Sandford; Sergio Ducek (del equipo del actual ministro de Salud provincial, Fernando Bondesío) se hará cargo del Pami I, y un médico rosarino de apellido Bendini asumirá en Pami II.