El gobierno le mete presión a la Corte por las leyes del perdón

El gobierno de Néstor Kirchner salió a reclamarle a la Corte Suprema de Justicia un fallo que habilite el enjuiciamiento a militares que fueron exculpados por las leyes de punto final y obediencia debida, mientras la Fiscalía Federal decidirá si promueve acciones penales por los crímenes perpetrados en la Esma y el I Cuerpo de Ejército.

Desde Paraná (Entre Ríos), Kirchner dijo que espera que –los argentinos podamos enorgullecernos de que hemos recuperado la justicia y que se ha terminado la impunidad" para así –terminar de saber qué pasó" en la última dictadura, a la que definió como –ese capítulo negro de la Argentina".

En la misma sintonía el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, enunció que –en los países serios" los pronunciamientos judiciales –no se demoran eternamente". Fue un mensaje destinado a la Corte, que tiene pendiente su definición sobre la vigencia de las leyes de impunidad.


Un juez para la –megacausa"
Paralelamente, en los Tribunales el juez Sergio Torres quedó a cargo de las dos causas que la Cámara Federal porteña decidió reactivar para investigar los crímenes cometidos en la Esma y otros centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del I Cuerpo de Ejército durante la pasada dictadura.

Sucede que la causa 761, sobre los delitos perpetrados en la Esma, había sido remitida a la jueza federal María Servini, quien se declaró incompetente para instruir el expediente porque entre los represores acusados figura el ex policía y abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que hace 20 años fue empleado de la magistrada en el Poder Judicial.

Por sorteo el sumario de la Esma recayó en el juez Torres, quien ya había recibido la causa (números 450) por los crímenes cometidos en dependencias del I Cuerpo. Ahora Torres espera el dictamen del Ministerio Público.

Se descuenta que el fiscal Eduardo Freiler promoverá en las próximas horas la acción penal contra el general Carlos Suárez Mason (quien comandó el I Cuerpo) y otros efectivos de la fuerza. El fiscal Eduardo Taiano, en tanto, deberá decidir si requiere o no medidas para impulsar la investigación sobre la Esma.

Fuentes judiciales dijeron que existe una fuerte controversia en los Tribunales Federales a partir de la decisión de la Cámara de reactivar las causas 761 y 450, ya que la medida fue adoptada en base a la ley mediante la cual el Congreso anuló las normas de punto final y obediencia debida. Jueces y fiscales coincidieron en señalar que el Congreso no tiene facultades para anular leyes y, por eso, interpretaron la jugada de la Cámara como una señal a la Corte para que declare la inconstitucionalidad de las normas.

La Corte ya analizaba la validez de las leyes desde mucho antes de la llegada de Kirchner a la Casa Rosada. Es que, por vía de apelaciones, habían llegado al supremo tribunal los fallos mediante los cuales la Cámara Federal decretó la nulidad de las leyes de impunidad.

Antes de que la Corte adoptara una decisión, el Congreso declaró su propia nulidad y la Cámara se aferró a esa medida para reactivar las causas 450 y 761. Aún así, todos coinciden en que los jueces supremos tienen la última palabra. Pero, mientras tanto, decenas de militares retornarán a prisión si los fiscales Freiler y Taiano reclaman nuevos arrestos y Torres falla en consonancia.