Reflexiones

Más seguridad para Santa Fe

Esteban Borgonovo (*)

Recuperar seguridad para la población es una prioridad. Para ello es necesario que las condiciones sociales mejoren, atacando las variadas causas del delito: no hay solución sustentable enfocando el problema sólo desde la óptica del sistema penal. En este sentido, adquieren particular relevancia las políticas de contención para niños y jóvenes.

Sin embargo, ello no debe llevarnos a subestimar la importancia de los organismos públicos, privados y comunitarios que participan directamente en la tarea de brindar seguridad pública, ya que de ellos depende en gran medida el resultado final que beneficia o perjudica a nuestra ciudadanía.

Para ello, lo primero es comprender que ese resultado no depende sólo de los recursos. No es sólo una cuestión de cantidad. Sin duda hay que hacer las inversiones necesarias, por ejemplo para garantizar una adecuada dotación de equipos y personal policial, pero a la vez hay que afinar la concepción de las políticas de seguridad y profundizar las acciones en la materia. Ellas deben apuntar básicamente a lograr:

I) Un liderazgo integral del gobierno sobre los diferentes componentes del sistema de seguridad, en especial sobre la institución policial.

II) Una Justicia en lo criminal eficiente.

III) Una policía altamente capacitada, bien equipada y honesta.

IV) Una infraestructura carcelaria adecuada a los requerimientos presentes y futuros.

V) Una comunidad activa y comprometida en el diseño y control de su seguridad.

¿Cómo hacerlo?

1) Abordando la seguridad en forma integral, tal como se nos presenta en la práctica, es decir como un conjunto de problemas vinculados entre sí que deben ser ordenados y coordinados para convertirlos en un sistema que funcione eficazmente.

Para ello crearemos por ley el Sistema de Seguridad Pública de la provincia. La norma fijará los principios del accionar en la materia, indicará los componentes del Sistema de Seguridad (Poder Ejecutivo, Ministerio de Seguridad, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos locales, prestadores privados, sistema penitenciario, policía de la provincia, Poder Legislativo, Defensa Civil, consejos de seguridad comunitaria), establecerá sus diversas funciones y creará los ámbitos institucionales necesarios para la coordinación de todos los involucrados.

La trascendencia del dictado de una ley como la propuesta radica en que podremos contar con una verdadera política de Estado en materia de seguridad que nos permitirá:

a) reunir al conjunto de componentes públicos, privados y comunitarios del sistema, para lograr unidad y coordinación en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas de seguridad pública que se apliquen en la provincia.

b) Otorgar a las líneas básicas del modelo de seguridad pública (responsabilidad del Estado, ejercicio de una autoridad definida y limitada por la ley, participación de la comunidad, énfasis en la prevención) estabilidad y continuidad en el tiempo, poniéndolas al cubierto de los cambios de funcionarios y gobiernos.

2) Adaptando los órganos de gobierno a los requerimientos de cada época. Por ello crearemos por ley el Ministerio de Seguridad Pública, asignando esta materia -hoy incluida en el amplísimo abanico de funciones a cargo del Ministerio de Gobierno- a un órgano cuya función específica será la seguridad. De este modo estaremos dotando al gobierno de un órgano con plena capacidad política y técnica para fijar, ejecutar y controlar las acciones en el área, recuperando para la autoridad civil atribuciones y recursos hoy delegados en la institución policial.

El nuevo Ministerio de Seguridad contará con una estructura de personal especializado que le asegure la capacidad de formular, con colaboración policial, las políticas generales de seguridad, de prevención del delito, de seguridad privada y custodia, de formación policial, de relaciones con la comunidad, de institutos penales y defensa civil.

3) Mejorando el accionar de la policía. El equipamiento, las condiciones laborales, su capacitación y su consideración social. Para ello llevaremos adelante, entre otras, las siguientes acciones:

a) Optimizaremos el accionar policial apoyándolo en información útil y actualizada. Para ello aplicaremos a la seguridad la tecnología de los sistemas de información geográfica (GIS), hoy disponibles para la confección de un mapa dinámico del delito, capaz de suministrar información de gran calidad, a través de la combinación entre el dato y su precisa localización geográfica, logrando así una poderosa herramienta para la prevención.

b) Concentraremos los recursos disponibles (humanos y materiales) en la prestación del servicio de seguridad, transfiriendo a otros ámbitos toda otra función no directamente relacionada con el mismo.

c) Racionalizaremos los órganos y las tareas de conducción y administración policial (hoy multiplicados sobre el territorio a escala de las 19 unidades regionales sin que ello responda a sólidos criterios de superficie, población o índice delictivo) a fin de liberar la mayor cantidad de recursos para ser aplicados a tareas operativas.

d) Sustituiremos la actual Dirección de Asuntos Internos creando el Tribunal de Conducta Policial de carácter plural, con participación no sólo de la policía, sino también de representantes del gobierno y el Poder Legislativo, asegurando su total independencia y la participación de otros sectores de la comunidad en la determinación de los criterios de control.

e) Ampliaremos también la integración de los órganos encargados del ingreso, formación, calificación y promoción del personal policial a representantes del PE, el Poder Legislativo y la Universidad, asegurando que la carrera del personal avance en plena armonía con los requerimientos que la sociedad reclama de los funcionarios policiales.

f) Desde el punto de vista operativo profundizaremos el accionar policial conforme a los criterios de la prevención planificada (lugares, horarios, riesgos) y la policía de proximidad. Así lograremos a la vez mayor eficiencia en el uso de los recursos y mejores vínculos entre la comunidad y su fuerza policial.

4) De inmediato se iniciará hasta su concreción la construcción de las cárceles ya proyectadas en las localidades de Piñero y Timbúes. En orden a asegurar celeridad, continuidad y planificación en lo atinente a las obras públicas vinculadas a la seguridad y al sistema penitenciario crearemos en el ámbito del Ministerio de Seguridad una unidad ejecutora o ente descentralizado que trabaje sobre una planificación a largo plazo de las necesidades carcelarias de la provincia, de acuerdo a los nuevos paradigmas del delito.

5) Mejoraremos el sistema de investigación y juzgamiento de delitos. Por un lado crearemos la Policía Judicial, como ente separado de la policía de seguridad, a fin de mejorar la investigación de los delitos por la vía de una adecuada especialización de funciones. Por el otro haremos los cambios legislativos necesarios para dotar de un mayor protagonismo a los fiscales, reforzando sus atribuciones jurídicas y optimizando su organización y funcionamiento. Asimismo iniciaremos un progresivo camino hacia la oralidad del procedimiento penal, incorporándolo en una primera etapa para algunas figuras delictivas seleccionadas adecuadamente.

Esta propuesta incluye caminos ya iniciados y nuevas alternativas. Es el fruto de la experiencia tanto como de las modernas tendencias en la materia. Pero sobre todo apunta a atender las urgencias del presente de un modo tal que los resultados sean sustentables en el largo plazo, combinando la indelegable responsabilidad del Estado con una activa participación de la sociedad santafesina.

(*)Candidato a vicegobernador (PJ)