Garzón pidió que los represores sigan presos

El juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Baltasar Garzón, le pidió a su par argentino Rodolfo Canicoba Corral que mantenga encarcelados y les dicte el procesamiento a los 40 represores detenidos a pedido suyo para ser juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El reclamo remitido por Garzón con carácter de "urgente" fue efectuado un día después de que el gobierno de José María Aznar desistiera de reclamar a Argentina la extradición de los detenidos solicitada por el juez español, por considerar que la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final sancionadas por el Congreso abriría la posibilidad de que los acusados puedan ser juzgados en este país.

En el escrito, Garzón le pidió a Canicoba Corral que le comunique la decisión que tomará respecto de los 39 ex militares y un civil acusados y le ofreció "la remisión de la documentación" referida a las denuncias formuladas por ex detenidos desaparecidos ante su juzgado para que las incorpore a la causa.

En otras palabras, el magistrado español le sugirió a su par argentino que inicie en su juzgado una causa para acusar a los represores cuyas extradiciones había solicitado por los delitos de "genocidio, terrorismo y torturas".

En los considerandos precisó que se le informe si la nulidad de las leyes del perdón sancionadas por el Congreso que quedará promulgada mañana cuando se publique en el boletín oficial "al día de hoy permiten la investigación y el enjuiciamiento de las personas a las que se refiere la demanda en Argentina", o si esa posibilidad "no es viable".

En el caso de que no se puedan realizar los juicios en el país, Garzón le solicitó a Canicoba Corral que se lo informe por vía judicial y mantenga encarcelados a los acusados "para reactivar la petición de extradición según se establece en el propio acuerdo del Consejo de Ministros de España".

Paralelamente, un grupo de entidades defensoras de los derechos humanos se presentará mañana, a las 10.30, en los Tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, para pedirle a Canicoba Corral que inicie una causa contra los detenidos, entre quienes se encuentran Jorge Rafael Videla, Guillermo Suárez Mason y Emilio Massera.

Desde España el abogado de la Acusación Popular que impulsa los juicios, Carlos Slepoy, dijo que el juez argentino "podría empezar a iniciar los procesos" contra los ex militares para ser juzgados en el país y con posterioridad derivar algunas causas a otros tribunales.

Canicoba Corral dijo no haber recibido notificación alguna al respecto y precisó que ésta debe producirse por vía diplomática en la Cancillería, tal como lo estipula el artículo 42 del Tratado de Extradición.

"Si no hay extradición no hay juicio y no hay arresto", aseveró Canicoba Corral, quien de todos modos consideró que los juicios a ex represores en la Argentina "van a avanzar mucho más rápido de lo que espera mucha gente".

En ese sentido, expresó su convicción de que "la Cámara Federal va a disponer la reapertura de varios de los procesos".