Tratativas con el FMI, el digno final para una película de suspenso

Marcelo Batiz

Casi como en una vieja película de suspenso, el Parlamento le concedió al Poder Ejecutivo la ayuda necesaria para afrontar el inminente vencimiento de 2.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pocos días de la escena del desenlace, al dar la facultad al Banco Central de asistir al Tesoro con mayor flexibilidad.

La asistencia del Congreso no hubiera sido tan importante desde la visión optimista de semanas atrás, cuando desde diferentes despachos oficiales se daba por sentado que el acuerdo de mediano plazo con el organismo multilateral de crédito era poco más que una formalidad.

Sin embargo, el correr de los días mostró las debilidades del guión: un pesado culebrón en el que nada variaba con el transcurrir de los capítulos. Con el único elemento a favor de poder exhibir después de años un interesante superávit fiscal primario -fenómeno nada despreciable para un país con una historia fiscal deplorable- la puesta en escena del Gobierno no termina de convencer a organismos ni a acreedores privados.

Reuniones entre los presidentes Néstor Kirchner y George W. Bush, dos cónclaves entre Roberto Lavagna y John Snow, arribos a Buenos Aires del francés Francis Mer y el estadounidense Roger Noriega, no aportaron demasiadas cosas nuevas, más allá de la foto y las expresiones de buena voluntad de cada una de las partes.

Pero al margen de las imágenes y las declaraciones pour la galerie, el mundo ve pasar los primeros cien días de mandato de Kirchner sin que se haya registrado el menor avance en algunos reclamos ya añejos: el ajuste tarifario en las empresas de servicios públicos, la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica, la reforma al régimen de coparticipación federal de impuestos, son los tres pedidos en los que más se insiste como complemento a la presentación del plan de reestructuración de la deuda con acreedores privados que se realizaría el 23 de setiembre próximo en la Asamblea del FMI y el Banco Mundial.

La falta de definiciones se reflejó en los últimos días en la toma de posiciones de las diferentes expresiones del empresariado local. Ante el fallido intento de valerse del vicepresidente Daniel Scioli como interlocutor oficial, fue el propio Kirchner el encargado de recibir a los empresarios nucleados en AEA, la Cámara de la Construcción y la recientemente constituida Coinar. Asimismo, se comprometió a concurrir a la sede de la UIA el próximo 2 de setiembre para celebrar el Día de la Industria.

No obstante, el gobierno también cosechó críticas que, por el momento, no se dirigen hacia la persona de Kirchner, a tono con la vieja costumbre del gremialismo empresario argentino de culpar a "entornos". Los cambios en el Senasa, que derivó en la renuncia de Bernando Cané, significó el repudio de todo el arco agroempresario, al que tampoco le cayó bien las modificaciones en la tributación de ganancias. En este caso, los blancos fueron el secretario de Agricultura, Miguel Campos, y el director de la Afip, Alberto Abad.

Los banqueros, por su parte, alternaron la prórroga por treinta días en la suspensión de las ejecuciones hipotecarias con críticas a lo que consideran falta de señales desde el gobierno en mostrar interés por la solución a la crisis del sistema financiero. Quien no anduvo con rodeos fue el ex presidente del Banco Central, Pedro Pou, quien definió a la política del gobierno como "anticapitalista".

Si a esas muestras de descontento e indefiniciones se le añaden las tensiones dentro del propio gobierno, ya sea la pública con Scioli como otras no tan expuestas, se entiende la satisfacción del Ministerio de Economía por la aprobación parlamentaria del permiso al Banco Central para inyectarle unos 7.000 millones de pesos al Tesoro para afrontar el próximo vencimiento ante el FMI.

Tras el respiro que descomprime en parte la situación, algunos se preguntan si una decisión del Congreso de estas características sería factible después del 10 de diciembre.

Diputados, bién dispuestos con el Poder Ejecutivo.