No son culpables los 10 acusados por el robo al Banco de Santa Fe de Arroyito

El golpe de los "balseros boqueteros" queda impune. Uno de los imputados pasó 2 años y 7 meses preso

Los diez acusados en la causa por el robo a la sucursal Arroyito del Banco de Santa Fe, ocurrido el 6 de octubre de 1995, quedaron absueltos por el beneficio de la duda por insuficiencia de pruebas, según la resolución de la Cámara de Apelaciones, que de esa manera confirmó la sentencia de primera instancia. Después de una investigación policial en la que abundaron las denuncias por apremios ilegales y los procedimientos poco transparentes, uno de los asaltos más espectaculares ocurridos en la historia criminal de Rosario se cierra así sin que hayan sido ni siquiera identificados los autores ni recuperado un solo peso del botín con que se alzaron los delincuentes.

El fallo beneficia a Ramón Domingo Silva -ex suboficial de la policía provincial-, Omar Hilario Pared y José Luis Román, acusados de privación ilegítima de la libertad y robo calificado; y a Alberto Aguirre, Hugo Enrique Cima, Alejo Giaigischia, Josefina Rivero, Elisa Lamberti, Roberto Raúl Fernández y Roberto Abel Fernández, acusados de encubrimiento.

En la causa también estuvo involucrado Javier Hernández, alias Sergio Benedetti, uno de los delincuentes que falleció en agosto de 1999 en el fallido asalto al Banco Nación de Villa Ramallo.

El robo ocurrió en la sucursal de avenida Alberdi y Génova. Poco antes de las 4 tres hombres jóvenes navegaron unos 250 metros por el entubamiento del arroyo Ludueña, en botes improvisados con cámaras de neumáticos con una pequeña tabla encima y tras hacer un boquete en la pared de un sótano ingresaron al banco. Una vez en el interior, redujeron al sereno y a los empleados y esperaron la llegada de un camión de caudales. El vehículo depósito en el banco 515 mil pesos, que pasaron en el acto a manos de los ladrones. Por la modalidad, los delincuentes fueron conocidos como los balseros boqueteros.


Peripecias de la investigación
La instrucción de la causa estuvo a cargo del juez Carlos Alberto Triglia, quien en principio fue auxiliado por la desaparecida sección Robos y Hurtos. Un dudoso procedimiento de esa dependencia -en medio del allanamiento a una casa de Villa Gobernador Gálvez hubo un corte de luz y no se halló el dinero que se presumía allí guardado- hizo que las actuaciones pasaran a la Tropa de Operaciones Especiales. Esta etapa concluyó con el procedimiento de los diez acusados y el señalamiento de que el cerebro de la banda permanecía sin identificar.

En diciembre de 2001, el juez de sentencia Luis Giraudo absolvió a los acusados por el beneficio de la duda por insuficiencia de pruebas y los desvinculó de la demanda civil que les había iniciado el banco para resarcirse por el dinero robado.

Además, de acuerdo a ese fallo, el banco debía desembolsar 500 mil pesos en concepto de costas, a razón de 50 mil pesos por cada uno de los acusados. El fallo fue entonces apelado por la fiscal Elida Rivoira y los representantes del Banco de Santa Fe.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por Ramón Ríos, Juvencio Mestres y Humberto Giménez, confirmó la absolución de los acusados al considerar, como el juez Giraudo, que no existía certeza absoluta respecto de que los acusados fueran los autores del espectacular robo.

A la vez, la Cámara revocó la resolución de Giraudo sobre la acción civil iniciada por el banco, al dictaminar que los honorarios -los 50 mil pesos de diciembre de 2001 actualizados a la fecha- deberán ser pagados por los imputados y no por el banco.

El abogado Carlos Alberto Galletto, defensor de Ramón Silva, consideró que "evidentemente la investigación del robo no conformó a la Cámara" y destacó que su representado "fue procesado y pasó dos años y siete meses detenido simplemente por los dichos de un tercero".

Galletto se refirió de esa manera a Omar Pared, quien acusó a Silva. "Ambos tenían una relación circunstancial de hacer fletes. Hubo un problema personal entre ellos. Pero la única relación que tenía Silva con el banco es que era el lugar donde cobraba su jubilación de la policía", dijo.

Al momento de la detención, la policía secuestró 7 mil pesos en la casa de Silva. Se sospechaba que era el dinero recibido como parte del botín, pero esa hipótesis nunca se probó. "Era la indemnización que había recibido por su jubilación de la policía por discapacidad. Ese dinero le fue confiscado en octubre de 1995, cuando equivalía a 7 mil dólares; pero ahora le devolverán 7 mil pesos", dijo Galletto.

El banco, escenario del robo en octubre de 1995.