Dirigió el Pami pese a que estaba jubilado por incapacidad mental

El menemista Elpidio Eligio González fue procesado por defraudación a la administración pública

Un ex director del Pami fue procesado por defraudación a la administración pública por haber aceptado ese cargo "para el cual contaba con una manifiesta incompatibilidad" ya que había sido jubilado por padecer "serios problemas psiquiátricos". Se trata de Elpidio Eligio González, a quien el juez federal Sergio Torres procesó, sin prisión preventiva y manteniendo su libertad provisional, y le embargó sus bienes hasta cubrir la suma de 150 mil pesos.

La causa se inició en 1999 por una denuncia de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, quien pidió que se investigue la "jubilación por invalidez, debido a problemas psiquiátricos de envergadura que le diagnosticaban invalidez total" con que se benefició González.

"Si tiene serios problemas psiquiátricos y es beneficiario de una jubilación por invalidez no puede integrar el directorio del Pami", dijo Oliveira y agregó que si, por el contrario, está capacitado para integrar la conducción de esa obra social, el beneficio "le ha sido otorgado por mecanismos fraudulentos y ha estado percibiendo fondos públicos sin derecho a ellos".

Según las constancias del trámite jubilatorio (de la Caja para el personal del Estado y Servicios Públicos), a González se le otorgó el beneficio por invalidez pues "tuvo un deterioro de sus funciones psíquicas, con delirio de tipo persecutorio, desviación del juicio, actitudes psicopáticas y crisis de excitación psicomotriz".

Ese informe (contenido en el acta 621 del expediente 735-0-00142305-11) agrega que "tiene ilusiones constantes, de tipo persecutorio, también alucinaciones intrapsíquicas de características persecutorias", por lo que concluye con un diagnóstico de "psicosis bipolar y personalidad psicopática", con "incapacidad total permanente del 85 por ciento".

González comenzó a desempeñarse en el directorio del Pami (como representante de la Mesa Federal de Organización de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad), a partir del decreto 197/97, cuando Víctor Alderete asumió la presidencia del Instituto.


Responsabilidad en la designación
Por su parte, Juan Alberto Ruiz (apoderado de la organización a la que representaba González) testimonió que la persona postulada para ocupar un cargo directivo "debe ser jubilado o pensionado", que no hay "discriminación por el origen del beneficio" y que "no existe algún tipo de invalidez que impida la postulación o designación".

En tanto, Viviana Bonpland, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, no pudo aportar documentación relacionada con la designación de González y "mencionó que el propio presidente Menem se abocó a esa designación, dentro de sus facultades y que en todo caso pudo haber tenido participación" la Secretaría Legal y Técnica.

En una resolución de una veintena de carillas, el magistrado concluyó que la "maniobra reprochable es haber aceptado su designación como miembro del Pami para lo cual contaba con una manifiesta incompatibilidad puesto que se encontraba gozando de una jubilación por invalidez".

Respecto de la conducta desarrollada por los funcionarios públicos que realizaron la cuestionada designación de González, el juez concluyó que "no tenían la obligación legal ni administrativa de requerirle ningún tipo de información, sino que solamente debía corroborarse su condición de jubilado". (Télam)