El caso de los 13 presos calcinados en la comisaría 25ª de VG. Gálvez

Denuncian que forzaron pruebas en la causa por el incendio de un penal

La defensa del único preso imputado dice que atenuaron la culpa de policías que pudieron evitar el fin trágico

Maria Laura Cicerchia / La Capital

La defensa del único preso que está acusado del desastre de la comisaría 25ª de Pueblo Nuevo, que culminó con la muerte de 13 internos el 15 de noviembre de 2000, denunció que el personal de la guardia forzó pruebas para lograr que fuera él quien cargara con las consecuencias del fuego. Lo hizo en un escrito que presentó ante el juez que investiga el siniestro, a quien pidió la absolución del interno "imputado por animosidad policial".

Los hechos que se le imputan exclusivamente a Jorge Luis García se iniciaron alrededor de las 16, cuando cuatro o cinco reclusos protagonizaron un intento de fuga en la comisaría 25ª, que alojaba entonces a 26 detenidos. Los fugitivos salieron del penal mayor tras hacer un hueco en la puerta enrejada y corrieron por un pasillo hasta el penal de buena conducta. Allí se encontraron con un detenido y otro liberado el día anterior, Miguel Angel Mendoza, que había regresado a buscar pertenencias. Ataron al preso y agredieron con una chuza a su ex compañero de celda, pero advirtieron que no tenían demasiadas posibilidades de éxito y volvieron sobre sus pasos.

Mendoza llamó a gritos a la guardia y en minutos el oficial Sergio Blanche y el agente Rubén Darío Martínez llegaron al penal principal. Los detenidos aseguraron que fueron reprimidos con balas de goma y algunos presos apilaron colchones junto a la puerta y los prendieron fuego en señal de protesta. La humareda asfixió a muchos de ellos y las llamas se volvieron incontrolables. Al llegar los bomberos, la mitad de los internos tenía quemaduras mortales. La presunta demora de la policía en llamar a la autobomba nunca fue confirmada por la investigación y el número de muertos llegó a trece.

Los sobrevivientes refirieron un macabro cuadro de castigo policial como origen de los cuerpos calcinados de sus compañeros y sostuvieron que fueron obligados por la guardia a atravesar el foco del incendio, mientras que salvaron su vida quienes se envolvieron en ropa y frazadas mojadas a la espera de que el fuego cesara.

La jueza de Instrucción Susana Portilla de Pigliacampo no encontró motivo de sospecha contra el personal y procesó a García al entender que fue el único que quedó vivo de los presos que intentaron el escape. El mes de noviembre pasado la fiscal María Eugenia Iribarren pidió para él 20 años de prisión ante el juez de Sentencia Luis Giraudo, quien tiene en sus manos el voluminoso expediente. En él, a García lo acusan de tres delitos: tentativa de evasión, lesiones leves e incendio seguido de muerte.

En el marco de la presentación de conclusiones que hacen las partes antes de que se expida el juez, la defensa de García pidió ahora que García sea absuelto y proclamó su inocencia. Para los defensores, ninguna prueba acredita que el interno estuviera vinculado con la rotura de la reja, el intento de fuga y el encendido de los colchones.


La filmación ausente
Es más: entienden que hubo un plan pergeñado para culparlo del siniestro fabricando algunas pruebas y ocultando otras. Según la defensa, un elemento que demostraría su inocencia sería la filmación obtenida por las videocámaras instaladas en la dependencia de Pueblo Nuevo, la cual no fue incorporada al expediente. Al respecto reprodujeron el testimonio del preso Ezequiel Arroyo: "Estaba un oficial tapando la cámara de video que daba bien al patio. Yo no sé bien si la estaban apagando o tapando".

"¿Por qué se ha omitido un elemento que hubiera exhibido con imágenes los momentos anteriores y posteriores al estrago? ¿Por qué no se cauteló la grabación que hubiera echado luz sobre los acontecimientos y sus partícipes?", se preguntaron los defensores.

En la misma línea, cuestionaron el señalamiento fotográfico de García como uno de los cabecillas de la revuelta. El ex preso Mendoza lo reconoció como uno de sus atacantes en una fotografía que le exhibió personal de la comisaría. "En la policía me mostraron una carpeta con una sola foto y era la persona que me atacó", dijo. La defensa considera que se trató de un acto inducido que "viola las normas más elementales del debido proceso".

García también fue mencionado por el agente Martínez como uno de los reclusos que vio apilando colchones en la puerta del penal. "La falacia es evidente porque tanto él como Blanche estaban en condiciones de evitar lo acontecido", replicó la defensa, que atacó la validez probatoria de esa declaración por no haber sido prestada bajo juramento.

Todo esto perseguía, según la defensa, un mismo fin: "Restar responsabilidad a los verdaderos responsables y cargar de manera burda la responsabilidad penal a nuestro asistido". Alegando que en la investigación se omitieron y desvirtuaron pruebas en perjuicio de García, la defensa reclamó finalmente que sea absuelto de culpa y cargo. Y remarcó que las consecuencias del siniestro eran evitables.

El 15 de noviembre de 2000 se desató el fuego.