Giro en causas por derechos humanos

Los Juicios por la Verdad ahora podrían tener efectos penales para los represores

El gobierno evalúa un proyecto de ley que coordine los procesos sobre el destino de los desaparecidos

El gobierno analiza la elaboración de un proyecto de ley que coordine los denominados Juicios por la Verdad que se llevan a cabo en distintos tribunales del país, para evitar los conflictos de competencia surgidos en algunos de los procesos. Además, los juicios que buscan sacar a la luz el destino de los desaparecidos durante la última dictadura militar -aunque sin castigo para los responsables- podrían tener en el futuro efectos penales para los represores en caso de que la Corte Suprema de Justicia declare nulas las leyes de punto final y obediencia debida.

El tema fue abordado anteayer, durante una reunión que el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, mantuvo con representantes de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires que integran, entre otros, la titular de Abuelas de Plaza de mayo, Estela de Carlotto, el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y el juez federal platense Leopoldo Schiffrin.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, -presente en el encuentro- confirmó que se analiza el proyecto destinado a coordinar el funcionamiento de los Juicios por la Verdad.

Uno de los objetivos de la iniciativa es evitar problemas de competencia, como ocurrió con el proceso que se lleva adelante en la ciudad de Mar del Plata, interrumpido el 14 de mayo del año pasado luego de que la sala IV de la Cámara de Casación penal porteña reclamara el expediente.

El conflicto surgió luego de que la Armada presentara un recurso ante el tribunal de alzada para evitar una medida dispuesta por el tribunal oral federal marplatense que prohibía tocar los terrenos de un parque de diversiones de la zona de Punta Mogotes, en un predio donde tuvo asiento la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en el que habría funcionado un centro clandestino de detención en la dictadura.

La maniobra judicial que apartó de las actuaciones al tribunal oral marplatense surgió en momentos en que los camaristas habían recabado cerca de 200 testimonios de víctimas y encarcelado a algunos ex militares que se negaron a declarar.

La reunión entre Beliz y los representantes de la Comisión se llevó a cabo un día después de que el presidente Néstor Kirchner instara a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso de la Nación a anular las leyes del perdón que interrumpieron los procesos contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Duhalde dijo que, si bien la facultad de anular las normas sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín es de la Corte, un pronunciamiento en ese sentido por parte del Parlamento sería "un gesto de enorme importancia porque eso abre la jurisdicción que hoy está negada por ambas leyes y fundamenta el pedido de jueces extranjeros", en referencia a la solicitud de extradición de 46 represores del juez español Baltasar Garzón.

Carlotto dijo que, de anularse las leyes del perdón, los Juicios por la Verdad que se sustancian en La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, Córdoba, e incluso Mar del Plata, entre otras ciudades, "tendrán efecto penal", es decir que podrán derivar en sanciones hacia los responsables.

Beliz se reunión con gente de los organismos.