Cada provincia define su sistema educativo

Si se tomara una radiografía para analizar el estado del sistema educativo argentino, sin dudas se verían aparecer rápidamente 24 subsistemas bien diferenciados. Las desigualdades surgirían por la forma en que cada jurisdicción aplicó (o no) la ley federal de educación, en lo que a la estructura contemplada en esta norma respecta; esto es, el grado de avance sobre la EGB y el nivel polimodal, por ejemplo.

Sin embargo, el estudio del Cippec avanza sobre un aspecto clave de estas diferencias: la distribución del poder sobre el financiamiento educativo, o -dicho de otra manera- quién y cómo se hace cargo de financiar la educación.

Aquí aparecen dos cuestiones centrales: la primera está dada por el financiamiento nacional, que luego de la transferencia de las escuelas que tenía en su órbita ya no cuenta con instituciones educativas a su cargo, por lo que el financiamiento de la educación básica pasa a depender casi exclusivamente de las provincias. La educación superior y universitaria, en cambio, es financiada mayoritariamente por Nación.

Gasto por alumno y salario docente

Las diferencias en el financiamiento no sólo surgen de quién se hace cargo de financiar el sistema educativo, ni tampoco los caminos seguidos respecto de la ley federal de educación, también surgen de analizar el gasto educativo, la erogación por alumno y el destinado a los salarios docentes.

Por si valiera la pena recordarlo, en la mayoría de las jurisdicciones, más del 90 por ciento de lo presupuestado para la educación se lo lleva el rubro salarios, es lo que tienen en común. Pero en el estudio se afirma que "las diferencias entre las provincias permiten hablar de 24 sistemas educativos con realidades presupuestarias diferentes" (ver infografía).

Según se aprecia de estos resultados, "mientras hay provincias que tienen un gasto por alumno de 2.716 pesos (como el caso de Santa Cruz) otras no superan los 670 pesos (como Salta)". Aquí se advierte que "las fuertes diferencias en la relación gasto por alumno y salarios docentes se puede explicar, en parte, por la desigual distribución de cargos por secciones y escuelas".

Los especialistas en temas de políticas educativas que encararon este trabajo sostienen que salvar estas diferencias presupone medidas que asignen al Estado nacional y a las provincias otro rol. En este caso, el papel del Estado nacional debería pasar por "impulsar un proyecto de país con educación de calidad para todos", y para ello se señala la necesidad de aumentar el presupuesto educativo, pero también asumir una actitud "activa frente a las desigualdades en las provincias", además de convertirse en garante de la educación y acompañar a los Estados provinciales en los desafíos de los próximos años. También se menciona la necesidad de replantear la estructura de coparticipación.

Respecto de lo que a las provincias les compete, se considera como prioritario que sus gobiernos se comprometan con la educación y con ministros del área "fuertes frente a los ministros de economía provinciales".

El esfuerzo presupuestario que ha encarado cada jurisdicción marca otra de las diferencias que dividen al sistema educativo en 24 partes. Estas incluyen las variaciones en el gasto por alumno -importantes y diferenciadas- aunque también se determinan en relación con los recursos fiscales: "Cuanto mayores son los recursos del Estado provincial por habitante, mayor es la inversión por alumno en el sistema educativo".