Acto de Estado impulsado por una entidad civil

Un grupo no gubernamental denunció la grave situación de los menores. Eso movilizó a la Justicia y al gobierno

El cuestionamiento al irregular régimen de detención de menores en la zona comenzó un año atrás cuando Coordinadora de Trabajo Carcelario denunció que los jóvenes presos recibían alimentación escasa y de mala calidad, estaban alojados en penales oscuros y húmedos, sin duchas en los baños y en deplorables condiciones de higiene.

Esas falencias fueron comprobadas por los asesores de menores que trabajan para la Defensoría General de Cámaras de los tribunales rosarinos, y en líneas generales se mantienen hasta hoy. Los funcionarios constataron esas irregularidades en la comisaría 2ª, en la seccional 4ª y hallaron suciedad y filtraciones en el Irar.

A raíz de ese devastador informe, el defensor general Carlos Giandoménico presentó un recurso de amparo que llevó al juez Artigas a exigir una solución "urgente" al gobierno. En una primera resolución, el 12 de julio de 2002 solicitó que los menores presos en comisarías fueran reubicados y otorgó 15 días de plazo para refaccionar el Irar. En respuesta, los menores fueron destinados a otras comisarías. Pero ocho meses más tarde las penosas condiciones de detención no se habían modificado y por eso Artigas volvió a emplazar al Poder Ejecutivo para que en seis meses revirtiera la situación.

El juez Artigas, que fue quien ordenó al Estado provincial que sacara a los menores de las comisarías, habló en su resolución de hace un año de "las características infrahumanas" de los penales. Anteriormente la fiscal Graciela Argüelles había planteados que los ámbitos policiales donde están -hasta la fecha- encerrados los menores carecían "de los más elementales medios para que un ser humano pueda vivir con dignidad y menos aún para que pueda readaptarse y ser reinsertado en la sociedad".

Ahora el gobierno tiene previsto ampliar en 25 plazas el Irar tras un acuerdo sellado con el Rotary Club Internacional para compartir la gestión de una obra que costará 800 mil pesos. La inversión estará a cargo de la provincia y el Rotary se ocupará de la administración de los recursos. Las obras, según se anunció, empiezan esta semana.