Los cargos que afronta el ex presidente

La convocatoria a Fernando de la Rúa fue efectuada por la jueza María Servini de Cubría a pedido del fiscal Luis Comparatore para interrogarlo por los delitos de homicidio culposo y lesiones (ambos excarcelables) de los que resultaron víctimas varios manifestante durante la represión a la pueblada que terminó con el gobierno de la Alianza.

Por esos mismos delitos se encuentran procesados, sin prisión preventiva, el ex secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y algunos ex jefes de esa fuerza de seguridad.

Comparatore viene solicitando desde enero de 2002 que el ex presidente responda por los homicidios de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Diego Lamagna, Gastón Riva y Gustavo Almirón, todos baleados en la zona del Obelisco y Plaza de Mayo, de Capital Federal.

Los requerimientos del fiscal coinciden con la resolución de la Sala I de la Cámara Federal, que hace alrededor de un año (el 26 de julio de 2002) encomendó a Servini la indagatoria de De la Rúa.

Esa decisión de los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo fue apelada por la defensa de De la Rúa, y el posterior rechazo del recurso extraordinario motivó el planteo de una "queja" directa ante la Corte Suprema.

Los abogados de De la Rúa sostuvieron en el planteo ante la Corte que los hechos violentos del 19 y 20 de diciembre de 2001 "excedieron el ámbito de responsabilidad" del ex presidente por lo que un llamado a indagatoria responde a "una concepción arbitraria" de la causa.

Para Vigliani y Cavallo el recurso extraordinario intentado por la defensa es "manifiestamente improcedente" porque aún no hay sentencia definitiva en la causa y, además, De la Rúa se encuentra en libertad.

En su momento, la Sala I de la Cámara recordó que la citación a indagatoria ni siquiera puede ser objeto de un recurso ordinario, porque esa diligencia constituye la oportunidad de un acto de defensa y su convocatoria no agravia al imputado.