Oficialmente se considera que la obra social tiene excedente de personal

El interventor del Pami quiere que se agrupen las denuncias en una causa

González Gaviola responsabilizó a sus antecesores por "una multitud" de nombramientos en cargos jerárquicos

La intervención del Pami quiere agrupar todas las irregularidades descubiertas en sus primeros días de gestión y presentarlas a un solo fiscal como una "mega causa", con la intención de abrir una investigación judicial que pueda detectar conexiones entre los ilícitos de la obra social. La propuesta del interventor, Juan González Gaviola, surgió ayer durante un crítico informe sobre la gestión anterior brindado a los diputados de la comisión de Salud.

Por el momento, precisó González Gaviola, las denuncias fueron derivadas a la Oficina Anticorrupción, pero la idea es consultar a la Auditoría General y a la Procuraduría General de la Nación sobre la posibilidad de elegir un fiscal y presentarle todas las irregularidades descubiertas.

"Sería bueno concentrar todos los posibles ilícitos contra el Pami en una sola fiscalía" afirmó el interventor y recordó que lo mismo "ocurrió con la mafia del oro".

En un informe de tres horas, el interventor designado por el presidente Néstor Kirchner responsabilizó a sus antecesores por "una multitud de nombramientos", entre ellos "muchos parientes", y aseguró que "la totalidad de los directores desempeñaban sus funciones en transgresión a la ley".

En la "multitud de nombramientos", el funcionario incluyó empleados jerárquicos con sueldos de 4.000 y 5.000 pesos, y otras designaciones que en total sumaban unos 3 millones de pesos.

Asimismo, aseguró que una de las primeras medidas adoptadas en su gestión fue frenar el pago de un acuerdo extrajudicial con la empresa proveedora de audífonos que ascendía a cuatro millones de pesos.

También repasó otras "irregularidades", como el retiro de 550 mil pesos de un fondo del Pami de Santa Fe por parte de un integrante del directorio, y la existencia de facturas con fechas atrasadas y domicilios equivocados.

González Gaviola reconoció que existe un excedente de personal en el Pami, pero aclaró que "esto no se resuelve con despidos masivos" sino con una reubicación.

El funcionario indicó que hay actualmente 9.865 personas de planta permanente con un salario de bolsillo del orden de los 1.850 pesos, apenas 38 auditores y 135 personas en el área de seguridad, además de la empresa contratada para idéntica tarea.

Hasta el momento, el interventor precisó que se dio de baja a ocupantes de cargos políticos, que implicaban un gasto de 225 mil pesos mensuales, y que sólo se reemplazó el equivalente a 28 mil pesos mensuales.

De cara a las expectativas planteadas por su gestión, González Gaviola aseguró que "si se ajustan las clavijas" se podría terminar el año con superávit operativo de 165 millones de pesos y recordó su meta de presentar al presidente un plan alternativo de funcionamiento en 150 días, como punto de partida para una nueva normalización.

El interventor prometió esforzarse para "para hacer funcionar los 78 contratos" actualmente vigentes en la obra social, mientras se diseña el nuevo modelo.


Reducirán intermediación
Además indicó que en el futuro se buscará reducir "los intermediarios" y, en materia financiera, precisó que el presupuesto 2003 es de 2.655 millones de pesos, que podría sumar otros cinco en concepto de recaudación.

De los 221 millones de pesos mensuales que ingresan al Pami, González Gaviola precisó que 160 millones se derivan a prestaciones médicas, 24 millones a programas sociales y 9 millones a gastos administrativos.

"Estamos tratando de bajar la deuda flotante en 9 millones de pesos", apuntó luego.

El funcionario aseguró que "tanto los directores designados por la CGT, Domingo Petrecca y Reynaldo Hermoso, como la totalidad de los representantes de los jubilados, deberían haber optado por percibir sus honorarios como directores o por sus jubilaciones o pensiones por invalidez y no lo hicieron", puntualizó.

También hizo referencia a la necesidad de que se unifique la investigación de las irregularidades cometidas en el instituto y de que el Congreso avance en la definición de mecanismos que permitan el "autocontrol" de la obra social.

"El objetivo de la intervención es hacer funcionar correctamente los 78 contratos (prestacionales) que hoy se encuentran vigentes" en el Pami y, al mismo tiempo, avanzar en la definición de un nuevo modelo prestacional que elimine las intermediaciones y ponga el acento en el sector primario", remarcó durante la reunión desarrollada en el salón de conferencias del palacio legislativo.

González Gaviola también dijo que buscarán "la manera de generar ahorros en la compra de medicamentos" y que, para eso, se sentarán a hablar con la industria farmacéutica.

En este punto, precisó que actualmente la obra social de los jubilados "gasta más de 820 millones de pesos al año en medicamentos" y reconoció que una de las "deudas pendientes" es la adscripción de la obra social al sistema de genéricos. (DyN y Télam)

González Gaviola estuvo con la comisión.