Un desafío para Kirchner

El nuevo requerimiento de asistencia jurídica presentado por Baltasar Garzón constituye un desafío al gobierno de Néstor Kirchner, que hizo saber que podría modificar la histórica posición de Argentina ante los juicios que sustancian tribunales extranjeros por delitos de lesa humanidad cometidos en el país.

El canciller Rafael Bielsa ya inició una ronda de consultas y analiza el impacto que tendría la eventual decisión del gobierno de colaborar con los jueces extranjeros.

El gobierno de Carlos Menem siempre rechazó estas solicitudes. Para ello invocó el principio de territorialidad según el cual los delitos cometidos en Argentina sólo pueden ser juzgados por tribunales nacionales.

Fernando de la Rúa siguió esos lineamientos y en diciembre de 2001 firmó el decreto 1.581, que estableció que la Cancillería "rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional".

Más allá de la letra del decreto, la Alianza se quedó a mitad de camino pues aceptó los requerimiento de asistencia de Garzón y los remitió a los Tribunales. Pero nunca entregó a los jueces argentinos los legajos remitidos desde España y que eran imprescindibles para adoptar una decisión judicial sobre la procedencia del pedido.

Ahora el gobierno de Kirchner analiza la posibilidad de derogar el decreto 1.581 y acceder a las solicitudes de jueces extranjeros que investigan los crímenes contra la humanidad cometidos durante la pasada dictadura.

Pero, aún si Kirchner deroga el decreto y accede a tramitar los pedidos de arresto cursados desde el exterior habrá impedimentos para extraditar a ex represores, ya que muchos de ellos ya fueron condenados aquí aunque luego hayan sido favorecidos por indultos, como Jorge Videla y Eduardo Massera.

Otros acusados por Garzón están sometidos a proceso penal en el país por el robo sistemático de hijos de desaparecidos. En esas situaciones los tribunales argentinos tendrán siempre prioridad, por lo que no prosperarían los pedidos de extradición.

También existen planteos ante la Corte contra las resoluciones judiciales que declararon la nulidad e invalidez de las leyes de obediencia debida y punto final. Si confirma que esas normas han dejado de tener vigencia, se abrirán aquí cientos de juicios a represores, acusados por los mismos hechos que ventila Garzón.