Garzón pidió la extradición de Videla, Massera y Bussi, entre otros militares

Pedido de detención y embargo millonario para 46 ex represores

La Justicia española quiere juzgarlos por genocidio y tortura. El gobierno está estudiando la solicitud

El juez español Baltasar Garzón reiteró ayer a Argentina los pedidos de detenciones de 46 militares para su eventual extradición y juzgamiento en España y decretó el embargo de 2.648 millones de euros (unos 2.935 millones de dólares) sobre sus bienes para indemnizar a las víctimas y sus familias.

Así lo aseguraron los abogados Carlos Slepoy y Manuel Ollé, miembros de la Acusación Popular en el denominado Juicio de Madrid, que desde 1996 tramita en la Audiencia Nacional de España por el cual están procesados y presos los marinos Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Scilingo.

Slepoy precisó que "Garzón también hizo lugar al pedido de la Acusación Popular para que los represores imputados respondan con sus bienes en la indemnización de las víctimas y sus familias, mediante embargos preventivos por valor de 2.648.305.000 de euros".

Ante el nuevo pedido del juez español, desde la Casa Rosada aseguraron que el presidente Néstor Kirchner "está evaluando" las medidas que adoptará el gobierno, "pero tomará una decisión en el momento que considere más oportuno".

Garzón pidió el arresto provisorio previo a la extradición de, entre otros, los ex dictadores y ex comandantes Jorge Videla, Emilio Massera; Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo, Carlos Suárez Mason, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi, recientemente electo intendente de Tucumán.

A todos ellos más otros 36 militares pretende sentarlos en el banquillo bajo los cargos de genocidio y terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura contra miles de víctimas aún desaparecidas.

Con la orden de detención, el juez Garzón envió una comisión rogatoria a Argentina para que la Justicia decrete el embargo de sus bienes si no hacen efectiva una fianza por la cantidad fijada.

En diciembre de 1999 el juez español pidió la extradición de 48 ex represores, pero al haber fallecido Leopoldo Galtieri y el capitán naval Francis William Whamond, ahora el número se redujo a 46. En aquella oportunidad el gobierno de la Alianza rechazó el pedido y devolvió la documentación a España sin que llegara a manos del juez interviniente, Gustavo Literas.

En 2001, también solicitó la extradición de otros 18 ex represores, entre ellos 17 hombres y una mujer, de la Esma y de la policía de Santa Fe. Entre otros, figuraban el ex juez federal Víctor Hermes Brusa. Esos exhortos fueron rechazados por el gobierno de entonces.

Días atrás, y en ocasión de la extradición a España del ex represor Miguel Cavallo, quien estaba preso en México, el canciller Rafael Bielsa admitió que el tema de las extradiciones presenta "un panorama muy intrincado como para dar una respuesta genérica" y planteó que la posición se iba a ir decidiendo "en razón de los casos que se vayan sucediendo".

Esos casos sucedieron, y Kirchner los está evaluando. Concretamente analiza la posibilidad de derogar el decreto 1.581/01, que dispuso el rechazo a los pedidos de arresto contra militares, policías y civiles acusados por tribunales extranjeros por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Si da luz verde a los requerimientos de jueces de otras naciones se convertirá en el primer presidente que pondrá a los represores a disposición de la Justicia internacional.

Paralelamente, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que en la cena de camaradería de las FFAA del lunes a la noche "no hubo gestos de desaprobación" de militares hacia el contenido del discurso de Kirchner, quien expresó con firmeza la necesidad de que en el seno del sector castrense "cada uno se haga cargo de lo que hizo".

En su discurso, Kirchner les pidió a los militares "separar la paja del trigo", se mostró resueltamente contra la impunidad en los casos de delitos y pidió al sector que participe en la "construcción" del país.

Las palabras presidenciales no tuvieron reacción formal de los altos mandos militares. Sólo el ex jefe del Ejército, Martín Balza, expresó su "total coincidencia" con esas definiciones.