Cuando el castigo no llega a la causa

El impacto por la terrible muerte de Carla Palma hizo circular discursos que hacen eje en ajusticiar con mayor severidad a los menores responsables de delitos. El angustiado estupor y la sensación de injusticia provocadas por una muerte tan violenta y gratuita desencadenan como primer efecto el reclamo de la aplicación de un castigo sumario y de total severidad. Es imprescindible, para la vida en sociedad, que hechos tan tremendos sean sancionados. Pero pensar que la aplicación del castigo duro y ejemplar resuelve las cosas es tomar el problema por donde termina y no por donde empieza. El castigo, que debe existir, no modifica la estructura que produjo y provocará en Rosario resultados tan horribles como el que segó la vida de Carla el lunes pasado.

La primera cuestión imprescindible es atender qué se castiga. Los chicos que provocaron la muerte de Carla aparecen como causa del problema pero -si bien esto en nada les quita responsabilidad- son emergentes de una sociedad que contribuye a producir sus conductas y que luego niega ser parte del problema. Estos dos chicos, o muchos otros que se dedican a robar motos para comercializarlas, son proveedores de un inmenso circuito extralegal y harto conocido en Rosario, que es el de los reducidores y desarmaderos truchos.

Este mercado negro está tutelado por sectores institucionales de la policía y hay oficiales que incluso son parte del negocio. Sus clientes son personas que para ahorrarse un peso acuden allí a adquirir partes. Los proveedores de los insumos de ese circuito son, obviamente, los ladrones de vehículos, que a veces los consiguen violentamente. Pero sólo ellos serán vistos como problema a atacar: los demás actores de la compleja estructura económica que los animan a intervenir quedan al margen del reproche social.

La sociedad pide condena haciendo eje en el chico -que sin dudas la merece- pero no en su entorno. Las instituciones del Estado ya tenían un aviso de lo que podía hacer uno de los dos que le robaron la moto a Carla. "Juan tiene ficha con delitos y eso significa una luz de alarma. No hubo ningún trabajo social con él. Tiene una estructura familiar precaria, no es escolarizado y no trabaja. Pero el Estado no funciona en ningún nivel con los menores: no hay una trama institucional donde la escuela, el dispensario, la entidad vecinal y otros órganos barriales estén presentes y adviertan lo que pasa. El Estado allí omisivo actúa luego sobre los focos que se le presentan. Hay una muerte y va sobre la muerte. Pero no actuó sobre el conflicto previo. Sale mucho más barato encerrarlo que prevenir el conflicto. El efecto de no atacarlo es, en el futuro, más resultados terribles como el de Carla, por lo que hasta ella termina no siendo importante para el sistema", sostuvo un empleado judicial que pidió reserva de identidad.

Esta situación no se resuelve desde los juzgados de Menores, donde los adolescentes llegan cuando el problema ya se produjo, sino con una política criminal del Estado. Los jueces sí pueden ayudar denunciando que el sistema institucional hace agua por todos lados y que no le da herramientas para trabajar con los menores en conflicto, que son confinados a pocilgas desde donde sólo pueden retornar hacia un lugar social aún más marginal.

La corriente de opinión que exige más castigo o rebaja de la edad de imputabilidad se asemeja más a un hastiado grito de venganza que a una reflexión sobre las verdaderas cuestiones a atacar, que son las que reproducen el delito cada vez más tempranamente, las cuales siguen sin modificación. En Argentina ya existen condenas firmes a cadena perpetua a menores de edad, dictadas cuando no terminaron de formar su estructura psíquica. Que todo delito exige castigo es inobjetable. Pero solamente castigar, manteniendo la estructura de lo que lo produce, significa que el dolor que hoy devasta a la familia de Carla mañana tocará otras puertas.

H.L.