Preparan un subsidio para los deudores con sentencia

El gobierno evalúa la posibilidad de otorgar un subsidio a los deudores hipotecarios de vivienda única y familiar con sentencias en procesos de ejecución. La propuesta de solución será elevada dentro de los próximos 90 días al Congreso de la Nación, que deberá aprobarla por ley.

La novedad la divulgó ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, luego de que sonaran con fuerza las quejas del director gerente del FMI, Horst Köhler, por la decisión gubernamental de postergar por noventa días las ejecuciones hipotecarias, un tema que fue objetado por el ente multilateral pero no impidió que la semana pasada la segunda revisión del acuerdo de corto plazo fuera aprobado.

Fernández anunció ayer la creación por decreto del Registro de Ejecuciones Hipotecarias de Vivienda Unica, primer paso de este proceso. "La idea es buscar un mecanismo por el cual se resuelva definitivamente la situación de deudores hipotecarios, sin afectar los derechos de los bancos, ni afectar los intereses del fisco, por lo cual Economía está buscando la fuente de financiamiento para resolver el problema, que tenderá a ser un subsidio", explicó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

El jefe de Gabinete señaló que el presidente entendió que sostener la suspensión de ejecuciones no hace más que dilatar un problema que existe y hay que buscarle una situación definitiva.

Actualmente las ejecuciones hipotecarias se encuentran frenadas por 90 días por ley del Congreso Nacional, lo cual obligó a solicitar una dispensa o "waiver" al Fondo Monetario Internacional (FMI), antes de aprobar la segunda revisión del acuerdo vigente.


Habrá que registrarse
Un mecanismo es abrir un registro en el que podrán inscribirse aquellos deudores hipotecarios de vivienda única y familiar, que ya tengan ejecución judicial. También podrán anotarse los acreedores con el objetivo de tener un panorama completo de la situación. El plazo para la inscripción será de 45 días y el Poder Ejecutivo Nacional, dentro de los 15 días hábiles de finalizado este plazo elevará al Congreso una propuesta de solución, que no afecte ni las cuentas fiscales ni los intereses de los acreedores.

De allí que se infiere la posibilidad de que está discusión se ate a la compensación bancaria por la indexación asimétrica, siendo la posibilidad más firme la entrega de otro bono a los bancos.

Fernández negó que esta medida se tome por la presión ejercida por el Fondo, que pidió el veto a la ley que prorrogó las ejecuciones.

La autoridad de aplicación del decreto 247 que puso en marcha el registro es el Ministerio de Economía, que a 10 días de publicado el decreto deberá dictar la normativa para su instrumentación.

"Por esta vía estamos empezando a dar una solución definitiva a un número importante de familias que han tomado un crédito y ahora están en dificultades para pagarlo", aseguró el jefe de Gabinete. Además añadió que la opción de inscripción para acreedores es al sólo fin de que puedan controlar sus derechos. Fernández también aclaró que "no queremos generar privilegios indebidos" y advirtió que por tal motivo "se va a estudiar cada caso".