Brasilia. - Los sindicatos de los 900.000 empleados públicos de Brasil convocaron a una huelga general por tiempo indeterminado para el 8 de julio contra el proyecto de reforma del sistema jubilatorio propuesto al Congreso por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
La convocatoria de paro general fue aprobada el sábado a la noche en Brasilia por la mayoría de los 350 delegados de asociaciones de empleados públicos, pese a la oposición de la Central Unica de Trabajadores (CUT), la mayor del país, que defendía una campaña por modificar la propuesta de reforma previsional del gobierno.
El mandatario brasileño, quien empezó su carrera política como líder sindical, enfrenta un fuerte rechazo de los gremios estatales por su decisión de retirar varios beneficios concedidos a los jubilados y pensionados del servicio público. La mayoría de los delegados apoyó la convocatoria de la primera huelga general del sector bajo el gobierno de Lula y su Partido de los Trabajadores (PT), en el poder desde el 1º de enero de 2003.
El miércoles pasado, más de 20.000 empleados públicos participaron en Brasilia en una protesta contra el proyecto de reforma previsional, pero no lograron convencer al gobierno de desistir de la polémica propuesta. "El gobierno no aceptará cambios que desfiguren las reformas", afirmó el secretario general de la Presidencia, Luiz Dulci, tras reunirse en Brasilia con una comisión de líderes de la primera gran protesta popular realizada bajo el nuevo gobierno.
Lula,quien fue elegido presidente en octubre de 2002 con un masivo apoyo de los sindicatos y de los empleados del Estado, desató la ira de esos sectores al proponer al Congreso varios cambios en el sistema jubilatorio del sector público, que incluyen un aumento de la edad mínima para la jubilación y el cobro de aportes previsionales a los servidores jubilados. El sistema previsional estatal es causa de buena parte del déficit presupuestario brasileño y guarda enormes diferencias con el que rige para los trabajadores privados.
El gobierno argumenta que el proyecto busca eliminar privilegios disfrutados por los 2,6 millones de beneficiarios del sistema público, que reciben del Tesoro el equivalente a 22.300 millones de dólares anuales. Ese monto representa el 60 por ciento de lo que le cuesta al sistema previsional el pago de beneficios a 21 millones de jubilados y pensionados del sector privado, de los cuales 12 millones reciben solamente un salario mínimo (unos 84 dólares) por mes.
Menos gasto social
Pese a su promesa de otorgar prioridad absoluta al combate al hambre y a la pobreza en el país, el gobierno de Lula redujo significativamente el gasto social en los cuatro primeros meses de 2003. Según una investigación que publica el diario Folha de Sao Paulo, el gasto público en el sector social entre enero y abril sumó el equivalente al 10,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 11,8 por ciento del PIB destinado a ese campo en igual período de 2002, durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso.\Ello significa un recorte del 11,6 por ciento frente a los 59.100 millones de reales (unos 21.000 millones de dólares, al cambio actual) destinados por el presupuesto de los primeros cuatro meses del año pasado a proyectos en el área social.\La caída de 1,4 por ciento en gasto social interrumpió además una tendencia de aumento gradual de los recursos presupuestarios destinados a ese campo, apuntó el economista Roberto Pisciteli\Según Folha de Sao Paulo, esa retracción refleja la decisión del gobierno de Lula de otorgar prioridad en los primeros meses a enfrentar de los desequilibrios económicos y reducir la vulnerabilidad externa del país, disminuyendo el peso de la deuda pública en relación al PIB, que el año pasado llegó a superar un 60 por ciento.
La Ciudad
