Editorial

La legitimidad de la Corte

La Argentina padece desde hace largo tiempo una situación preocupante: su principal órgano de justicia es objeto de desconfianza y rechazo por parte de la ciudadanía. La aseveración amerita desarrollos y matizaciones, pero no escapa a las coordenadas que demarcan la realidad. Objetable sería pecar de liviandad en tan trascendente asunto, aunque adoptar el gesto del avestruz -esconder la cabeza bajo tierra cuando surge el peligro- tampoco parece ser una respuesta adecuada.
Vinculada inexorablemente a una gestión de gobierno -la de Carlos Saúl Menem- que marcó a fuego una década clave en la historia argentina, la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha merecido en reiteradas ocasiones la repulsa del pueblo movilizado. Su muy probable ligazón con referentes ajenos a la esfera natural de su competencia se ha convertido en un severo obstáculo para el adecuado funcionamiento institucional de la Argentina.
El reciente discurso del presidente Néstor Kirchner en que criticó duramente al titular del cuerpo (el polémico Julio Nazareno, demasiado afecto a declaraciones públicas de elevado voltaje) e instó al Congreso a poner en marcha los mecanismos del juicio político con objeto de removerlo, fue respetuoso del marco legal, pero encendió una luz de alerta para el futuro. Es que el objetivo crucial consiste en separar tajantemente las áreas de incumbencia de los poderes Ejecutivo y Judicial, y evitar así cualquier suspicacia en torno a las razones que hacen a nombramiento tan trascendental para el país como el de un magistrado de la Corte.
En tal sentido, una propuesta realizada poco atrás por un conjunto de seis organizaciones no gubernamentales aporta elementos valiosos. La idea es que las vacantes que pudieran generarse en el cuerpo colegiado sean cubiertas por medio de un sistema que otorgue importancia central a la publicidad de los nombres de los postulantes, a fin de que la sociedad emita el veredicto final con adecuada información sobre su idoneidad e independencia de criterio. El proyecto también plantea que el jefe del Estado se autolimite a través de un decreto en el ejercicio de las amplias facultades que le otorga la Carta Magna para elegir a los miembros de la Corte. Otro aspecto que deberá tenerse en cuenta es que la audiencia en que el Senado evalúa el pliego con los candidatos que presenta el primer mandatario sea pública, y no secreta como hoy.
Pero la tarea a emprender dista de ser sencilla. El estado de deterioro del máximo tribunal refleja la pérdida de prestigio de la Justicia toda. Es que difícilmente podría haberse salvado en el marco de una crisis que no sólo destruyó al país en el plano material, sino que dañó a fondo su tejido cultural y sus cimientos éticos.
El futuro promete cambios y es de desear que se produzcan en la dirección adecuada. Es decir, que no surjan vicios nuevos, sino que resurjan antiguas y perdidas virtudes.