Para Praino "el Pami ya no es el desastre del gobierno de la Alianza"

El dirigente dijo que el gobierno busca imponer nuevos criterios, no la intervención

El dirigente del Pami Raúl Praino aconsejó "no dramatizar" acerca de la situación del Pami porque, comparada con dos años atrás, la obra social de los jubilados "marcha mucho mejor y de manera alentadora. Aunque es obvio que debe mejorar los servicios" a los jubilados.
Praino señaló que fue durante el gobierno de la Alianza que "los ancianos y los empleados del Pami sufrieron gravemente y a la par ya que faltaban las jeringas, los descartables, medicamentos, comida y ni hablar de los contratos que se cortaban con las ambulancias, proveedores de oxígeno y demás".
"Era un desastre. Hoy en cambio el Pami tiene superávit y a los empleados (enfermeros, camilleros, mucamas) se los respeta: cobran el sueldo a término, se les eliminó el descuento del 13 por ciento y cuentan con insumos para trabajar", aseguró.
Con relación a la posible intervención del instituto por parte del gobierno, Praino recordó que "el Pami se normalizó por ley y mediante elecciones en que 400 mil jubilados votaron a sus representantes". Por lo que reclamó "prudencia" en las actuaciones.
De todas maneras aclaró que lo que persigue el gobierno "no es la intervención" sino una especie de "ampliación de facultades para imponer criterios de gerencia y administración".
El directorio del Pami está compuesto por 11 miembros desde su normalización seis meses atrás: siete son representantes de los jubilados, dos del gobierno y dos de la CGT. Precisamente a los cegetistas Reynaldo Hermoso y Domingo Petrecca el gobierno los que acusa de responder políticamente al senador Luis Barrionuevo y por lo tanto busca removerlos.
"En este punto no deberían importar los nombres -consideró Praino-. A los representantes de la CGT los debe retirar o ratificar la CGT porque eso es lo que dice la ley de normalización del Pami". El presidente Néstor Kirchner desplazó, días atrás, al ex presidente del directorio Horacio Pacheco (nombrado durante el gobierno de Eduardo Duhalde), designando en su lugar a Juan González Gaviola.
La obra social de los jubilados tiene más de tres millones de afiliados y un presupuesto anual de 2 mil millones de pesos. En teoría, no forma parte de la administración pública, pero suele recibir fondos del Tesoro Nacional y pasó la mayor parte de su existencia intervenido por los gobiernos de turno. "Al Pami los sucesivos gobiernos le crearon un problema de financiamiento", explicó Praino. "Porque en principio fue creado para los jubilados y pensionados autónomos financiado con aportes provenientes de los trabajadores activos, pasivos, empresarial, Prode y Lotería Nacional. Pero el gobierno de Raúl Alfonsín le retiró los aportes del Prode y la Lotería Nacional, y el de Menem le incorporó como beneficiarios todos los pasivos de las obras sociales sindicales: de 1,2 millón de beneficiarios pasó a más de tres millones, a los que, luego, se agregaron los veteranos de Guerra de Malvinas, las madres con más de siete hijos y los mayores de 70 años sin jubilación. Todo eso, sin contar con el aumento de la desocupación y la evasión que disminuyó aún más los ingresos".
Praino opinó que "si el Pami desapareciera el resultado para los jubilados y pensionados sería peor que una guerra". El gremialista dijo que en Rosario los dos policlínicos del instituto prestan los servicios "de manera eficiente" y que los sanatorios a los que se contrata la alta complejidad "cobran a término. Hoy en día el Pami debe ser la única obra social que está pagando a los 10 o 15 días de mes vencido".
Praino, que días atrás quiso saltar a la conducción de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), dijo que las elecciones gremiales "sirvieron para desnudar la hipocresía y el doble discurso del sector gremial que se agrupa en la CTA. Desenmascaramos a un grupo sectario que no hace lo que predica: hablan de libertad sindical y realizaron fraude para perpetuarse en sus cargos; hablan de moralidad y cometen la inmoralidad de repartirse planes para desocupados entre personas ocupadas; hablan de decencia y denuncian intimidaciones domiciliarias cuando en realidad tenían droga en la vivienda, encontrada por la Justicia".